Para el presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, “hay una falta de regulación en la mal llamada economía colaborativa” al referirsr, en concreto a plataformas como Airbnb que ofrecen alquiler de apartamentos vacacionales. “El 90% de la oferta de estas plataformas no es legal y el responsable no puede ser solo el propietario de la vivienda”, señala el directivo a Expansión.
“La regulación va dos años por detrás de este tipo de iniciativas y eso genera una desventaja competitiva para los hoteleros, que tenemos que cumplir con la legislación vigente”, asegura. Asimismo, Escarrer explica para ajustarse a la normativa, no sólo en cuestiones de impuesto o licencias, que la cadena mallorquina debe cumplir con ciertas medidas en materia contra incendios, seguridad, riesgos laborales e higiene, lo que representa un coste de casi 18 euros por habitación. “Esto genera una desventaja respecto a cualquier particular que ponga su piso en alquiler, a lo que se suma, además, que en la mayoría de los casos estos apartamentos no cuentan con licencia ni pagan IVA”. Para Escarrer, el responsable “no puede ser solo el propietario de la vivienda, sino el que incluye en su web un piso que no tiene licencia de actividad de explotación”.
Desde el sector coinciden en señalar a los apartamentos turísticos “piratas” y a las “plataformas que los alojan” de algunos de los males que asolan a las ciudades a causa de la llegada “masiva” de turistas. “En muchos núcleos urbanos se está reconvirtiendo activos residenciales a turísticos y las ciudades no están preparados, ni desde el punto de vista de infraestructuras, ni de servicios. Esto provoca una mala convivencia”, explica Escarrer.
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