La perspectiva de varios años sin los volúmenes turísticos anteriores a crisis del coronavirus está llevando a que algunos hoteleros ya se estén empezando a plantear reconvertir sus activos inmobiliarios para otro tipo de uso como puedan ser hospitales, geriátricos o apartamentos, según han comunicado varios a Preferente.
Los hoteleros que se manifiestan en este sentido aún no han tomado una decisión definitiva ni mucho menos en esa dirección, pero sí admiten que, en los nuevos planes estratégicos que están teniendo que reformular, hay cabida para escenarios más duros de salida de la crisis que les lleve a buscar todo tipo de soluciones sacar un mejor partido de sus edificios.
Por un lado se anticipa que el volumen de la demanda se puede mantener varios años por debajo de la oferta que prácticamente se venía llenado hasta ahora en temporada alta, y por el otro se augura también que el cliente que siga viajando va a tener unas exigencias bastante distintas a las conocidas hoy, lo que va a obligar de una parte a redimensionar sus carteras, y de otra, a transformar sus productos.
Los factores que dan certidumbre a estas conclusiones son en primer lugar la reducción y el encarecimiento de las plazas aéreas, ante la presumible quiebra de aerolíneas y las reducciones de flota de las rescatadas supervivientes, y en segundo lugar la contracción de un mercado tan potente para la industria como es el de mayores de 60, que va a verse reducido en un porcentaje bastante considerable.
Los hoteleros asumen que van a tener que redimensionarse y transformarse, de igual modo que otros grandes tenedores de inmuebles como son los propietarios de edificios de oficinas, ante el auge del teletrabajo y de las videoconferencias, o de las viviendas turísticas, sobre los que se espera que vuelvan a residencial, en un entorno de devaluación de precios general, y también de salarios.
Precisamente en Baleares, el gobierno autonómico permitirá el cambio de uso de instalaciones turísticas obsoletas y de zonas maduras (Palma y Calviá) para pasar a ser viviendas protegidas, equipamientos de servicios sociosanitarios o en equipamientos científicos o de investigación. Los ayuntamientos tendrán que dar el visto bueno, así como una mesa en la que también estarán los agentes sociales.
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