Los alquileres de temporada inundan Cádiz, Barcelona y San Sebastián

La modalidad del alquiler por temporadas se ha convertido en una tendencia cada vez más al alza en las principales ciudades españolas en los últimos años, con un fuerte incremento de los anuncios de propietarios que intentan evitar las regulaciones establecidas en la nueva Ley de Vivienda, aprobada en 2023.

Según informa eldiario,es, de los 32.155 anuncios de pisos en alquiler ofertados en Idealista en todas las capitales de provincia, 9.565 corresponden a contratos temporales, es decir, cerca de un 30%. Barcelona es un ejemplo claro de esta tendencia: el 63% de los pisos disponibles en la ciudad se ofrecen bajo esta modalidad, llegando al 80% en las zonas más turísticas. No obstante, Cádiz lidera la tabla con un 69,7%, seguida de San Sebastián con el 61,5%.

Otras ciudades importantes también tienen un alto porcentaje de alquiler de temporada. Santander llega al 58%, mientras que Gerona, Tarragona y Almería registran un 52,6%, 48,5% y 43,1%, respectivamente. Por su parte, Madrid y Alicante también superan el 26%, con diferencias notables en el precio respecto a los alquileres de larga estancia.

El citado medio apunta que el atractivo de los contratos temporales radica en la flexibilidad que otorgan a los propietarios, quienes pueden actualizar precios con mayor frecuencia y evitar compromisos a largo plazo. Sin embargo, luego la realidad es que muchos de estos contratos temporales terminan prolongándose más allá de los 11 meses estipulados, lo que podría constituir un fraude de ley, según advierten algunos juristas.

El investigador especializado en políticas de vivienda de la University College of London, Eduardo González de Molina, tiene claro el motivo de este alza. “Es igual que lo que pasó con el alquiler turístico. Si yo como propietario le sacó una rentabilidad de 20 en vez de 10, pues me voy al vacacional. La lógica es la misma. Es la maximización de la rentabilidad que, al final, trae alquileres abusivos”.

A su juicio, el problema radica en la falta de una normativa clara que regule esta práctica. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite estos contratos siempre que no estén destinados a cubrir una necesidad de vivienda permanente, pero no especifica cuánto tiempo debe durar una “temporada”.

Así, a pesar de los esfuerzos legislativos por controlar esta práctica, la falta de un marco regulador claro y la escasa supervisión permiten que los alquileres temporales sigan proliferando. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados rechazó esta semana una propuesta de ley que buscaba regular estos contratos, lo que ha intensificado el debate sobre esta práctica.