Los grandes lobbies turísticos a nivel europeo han alzado la voz contra la inminente implementación en España del Real Decreto 933/2021. A partir del 1 de octubre, las empresas estarán obligadas a recabar datos sensibles de los clientes que van mucho más allá de los documentos oficiales de los clientes (DNI y pasaporte), tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real… (Inaudita ofensiva del sector desde varios frentes contra la ‘norma Marlaska’).
En una carta dirigida a autoridades españolas, Hotrec, ECTAA, ETOA y Ruraltour alertan de que la normativa es completamente “desproporcionada e innecesaria”, además de que “va más allá de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada”, que es, teóricamente, el objetivo que persigue el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska (Los hoteleros, en vilo por la inviable norma de Marlaska).
Argumentan que las exigencias de recopilación de estos datos tan sensibles suponen una carga administrativa significativa para las empresas turísticas. A su juicio, no solo encarecería las vacaciones en un mercado altamente competitivo, sino que también podría disuadir a los turistas de elegir España como destino.
En este sentido, consideran que las tareas que exige el Real Decreto 933/2021 ya son responsabilidad de otros actores como las empresas de alquiler de vehículos. Así, esta “duplicación” de tareas no solo sería “ineficiente”, sino que también generaría riesgos legales si las empresas no logran cumplir con las normas de protección de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En cuanto a los desafíos prácticos, avisan de que las pymes carecen de los sistemas necesarios para cumplir con los nuevos requisitos antes de la fecha límite. Además, el hecho de que la plataforma para enviar los datos solo esté disponible en español añade una barrera adicional, especialmente para las compañías extranjeras. A ello se suma el procesamiento manual de los datos, especialmente en grupos grandes, que resultaría costoso y poco eficiente.
En vista de todos estos problemas, Hotrec, ECTAA, ETOA y Ruraltour exigen al Gobierno español que revoque o modifique el decreto, proponiendo alternativas más prácticas. Entre las sugerencias, proponen la implementación de un sistema digital simplificado, similar al que se utiliza en Estados Unidos, o el PLF, utilizado en Grecia durante la pandemia, que permitiría a los viajeros gestionar sus propios datos antes de llegar al país.
De momento, exigen aplazar la entrada en vigor del decreto hasta que “se hayan resuelto todos los problemas que hemos planteado, se simplifique la información y esté disponible en otros idiomas”.
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¡Spain is different!
Las grandes empresas ya tienen todos integrado via api.
Y las lobby d europa no tienen que cumplir con esta norma aue vale solo para las empresas españolas.
Un poco de rigor
se nota que no se ha leído el decreto y las decenas de paginas de anexos... si les vincula a los extranjeros .. y las grandes empresas no lo han vinculado porque no funciona. El que suscribe lo sabe bien
El meollo del asunto es para qué quiere Marlaska los datos de tarjeta de crédito? la intromisión en la privacidad se está haciendo insufrible y va siendo hora de frenar esta parodia de "1984"