El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa dejando pinceladas de la normativa que prepara la capital para combatir el desmadre del alquiler vacacional. En una respuesta a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en el pleno, este ha confirmado que “sí” clausurará los pisos turísticos que operen ilegalmente (Madrid y Barcelona: así combatirán el desmadre de los pisos turísticos).
Según informa El Economista, Almeida también ha avanzado que el Ayuntamiento prohibirá que los locales comerciales se puedan transformar en viviendas de uso turístico. En cambio, sí podrán convertirse en alojamientos residenciales siempre que no estén en ejes comerciales.
La capital seguirá trabajando en esta regulación “a lo largo del año”, y espera que esté completa y lista en junio de 2025. La idea es acabar con los hasta 14.000 apartamentos ilegales de la capital, y su consiguiente efecto en el bienestar de los residentes.
Cabe destacar que Almeida también ha endurecido las sanciones para los propietarios que operen al margen de la legalidad, multiplicando por 30 el importe de las mismas. Aquellos que incumplan el primer aviso de orden de cese, se enfrentarán a una multa en firme de 30.000 euros. Antes, el castigo apenas alcanzaba los 1.000 euros.
Hasta la fecha, el edil confirma que “se han impuesto 176 sanciones en esta ciudad por valor de 30.000 euros”. El objetivo es que “tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico”.
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Lo que es ilegal no son los pisos turísticos actuales con licencia y n° de VUT (la mayoría) concedido por la comunidad de Madrid, si no un ayuntamiento que se pasa por el mismísimo forro la regulación establecida por su comunidad autónoma respecto a los requisitos establecidos para que un apartamento pueda funcionar como piso turístico, y derogue" todos estos derechos adquiridos LEGALMENTE en su momento por sus" ciudadanos, imponiendo unilateralmente (sin consensuarlo con su comunidad autónoma) una normativa sancionadora ejercida con carácter retroactivo, y por tanto: INCONSTITUCIONAL.
ART 9:
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales....
Que pasa, es que seguian funcionando las ilegales? O pasa como los ilegales, que siguen populando por las calles.
Se ve que em este pais lo ilegal esta normalizado.