La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, ha anunciado que inicia los trámites para aprobar la modificación del decreto para la regulación de las viviendas de uso turístico, aprobado en julio de 2014. Como novedad, crea el Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (Civut), un documento técnico cuya finalidad es garantizar al usuario de la vivienda en la que va a alojarse que ésta cumple con unos parámetros determinados.
El decreto propuesto por el Gobierno de Cifuentes también introduce la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios cuando sus estatutos así lo recojan de forma expresa, o que las plataformas de viviendas turísticas estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo, explica el Gobierno autonómico en un comunicado.
Así, crea el concepto Canales de Oferta Turística para que las plataformas estén sujetas al régimen sancionador cuando se produzca algún incumplimiento. En el nuevo texto también se elimina el requisito de contratación de estas viviendas por un tiempo inferior a cinco días (atendiendo al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y desaparece además el concepto de “habitualidad” y el plazo mínimo de tres meses que se exigía para el ejercicio de la actividad turística.
También introduce de forma específica nuevas obligaciones de los titulares o propietarios con la finalidad de mejorar la calidad turística y la seguridad ciudadana, aseguran desde la Comunidad de Madrid. Establece además la obligación de los propietarios de remitir a la Dirección General de la Policía la información relativa a las personas alojadas en sus inmuebles.
Asimismo, las viviendas deberán disponer de calefacción en condiciones de funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes, información de los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios, al menos, en castellano e inglés, y de como mínimo una ventilación directa al exterior o a patio no cubierto.
Finalmente, hace una remisión expresa a la Ley de Ordenación del Turismo relativa a los derechos y deberes de los usuarios de los alojamientos turísticos de forma que se establece la obligación de cumplir las normas básicas de convivencia y cívicas y se alude a las consecuencias que tendrá el incumplimiento de las citadas normas.
Tras el proceso de consulta pública a través del Portal de Transparencia, donde los ciudadanos podrán hacer sus sugerencias y aportaciones, la Comunidad de Madrid enviará el proyecto a las asociaciones y organizaciones representativas de los interesados afectados por el nuevo texto.
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