Madrid está cada vez más cerca de instaurar su nueva normativa para combatir el desmadre de los pisos turísticos. El Consejo de Gobierno de la región ya ha recibido el informe del proyecto de decreto que adaptará siguiendo las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras ello, se someterá a información pública (Madrid y Barcelona: así combatirán el desmadre de los pisos turísticos).
Según informa Europa Press, uno de los cambios más relevantes es que, a partir de su entrada en vigor, serán los prestadores de servicios de alojamiento turístico, y no los propietarios, quienes deberán presentar la declaración responsable para iniciar la actividad. De igual manera, los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de regular si estos alojamientos son compatibles con el uso residencial en determinadas áreas (Madrid, dispuesta a clausurar las viviendas turísticas ilegales).
Otra de las novedades del texto es la prohibición del uso turístico en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles cuyas normativas comunitarias lo prohíban expresamente. Esta medida tiene como fin evitar que las viviendas destinadas a colectivos vulnerables o residenciales sean utilizadas con fines turísticos, preservando así su función social.
El Ayuntamiento también ha venido anunciando un aumento del número de inspectores encargados de supervisar la actividad. Se sumarán 17 nuevos efectivos a los 16 ya existentes, apostando por una colaboración entre los diferentes municipios para facilitar el intercambio de información.
Finalmente, donde se aplicará una mayor mano dura será en las sanciones. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya avanzó que los importes se multiplicarán por 30. Aquellos que incumplan el primer aviso de orden de cese, se enfrentarán a una multa en firme de 30.000 euros. Antes, el castigo apenas alcanzaba los 1.000 euros.
En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta con 13.502 pisos turísticos ofertados en plataformas, de los cuales sólo 1.008 cuentan con la licencia pertinente para poder ejercer su actividad, según el listado de VUT publicado por el propio Ayuntamiento.
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Pues es tan fácil como coger la plataforma Airbnb o la que sea e ir comprobando uno por uno si tienen licencia, y si no la tienen multa y listos. En tres meses listo.
Multa proporcional al valor del inmueble y con opción a aumentarla en caso de reincidencia, o no tendrá ningún valor disuasorio.