El Consell de Mallorca ya ha realizado las primeras solicitudes de clausura de viviendas turísticas ilegales, siguiendo el marco del decreto de emergencia habitacional aprobado hace casi ya un año por el ejecutivo de Marga Prohens (Baleares agilizará la clausura de los pisos turísticos ilegales).
Según informa Diario de Mallorca, el departamento de Turismo ha informado de que, a través de la inspección, se están ordenando cierres temporales. Así, una vez se desestimen los recursos que los propietarios tienen derecho a presentar, se procederá al cese de la actividad total.
Estas actuaciones están corriendo a cargo de los propios inspectores, que, desde octubre de 2023, tienen el poder de ordenar cierres provisionales mientras se resuelven los expedientes. De momento, el consejero insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, aún no ha presentado un balance detallado de las acciones emprendidas, pero se espera que lo haga el mes que viene.
El hecho de que el proceso de clausura no sea inmediato ha despertado las críticas de la oposición. El bando socialista apuntó en el Parlamento balear que la “medida estrella” del gobierno insular se había convertido en una “medida estrellada”.
Asimismo, el abogado Javier Blas, experto en derecho turístico, ha señalado que la Administración debe mostrar “más valentía” en la aplicación de esta medida, destacando que el precinto de viviendas es una buena medida para acabar con la oferta ilegal. No obstante, advierte que el proceso es más complejo y requiere un procedimiento formal para garantizar los derechos de los propietarios antes de ejecutar el cierre de las propiedades.
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La prepotencia de las administraciones públicas es increíble en este país. Sin entrar en el fondo de la cuestión que daría para mucho, me voy a centrar en que una vez se desestimen los recursos se procederá al cierre definitivo. Ya dejan bien claro que el recurso de alzada, es simplemente una mero trámite que ni siquiera se van a molestar ni en leer, mucho menos en contestar y que obivamente será silencio administrativo negativo. Y, por si fuera poco, "olvidan", presumo que interesadamente, que a toda decisión administrativa, cabe recurso contencioso administrativo, que puede que si, puede que no, los interesados interporgan, con lo que si proceden judicalmente, el cierre no proceda hasta que haya sentencia firme, y si cabe recurso ante la siguiente instancia judicial que se puede demorar sine die, y mientras tanto haciendo caja. Así que habría que decir, menos humos a la Administración, todo ello sin perjuicio de que las viviendas turísticas estén actuando al margen de la ley ono.