Meliá-NH: el TC refuerza su petición de indemnizaciones por el primer estado de alarma

Meliá y NH, las dos mayores hoteleras españolas, salen reforzadas con el fallo del Tribunal Constitucional que ha considerado ilegal el primer estado de alarma. Las dos cadenas solicitaron hace unos meses algo más de 200 millones al Gobierno  en concepto de daños y perjuicios por ser obligadas a cerrar sus hoteles en España.

En la sentencia Tribunal Constitucional se hace alusión al artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio para indicar que, sin perjuicio de ésta, el Estado no tendrá la obligación de indemnizar. Sin embargo, el mencionado artículo establece que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

Esta sentencia no permitiría, en cambio, que empresas que no hubiesen presentado una reclamación contra el Gobierno en su momento puedan sumarse ahora a solicitar daños y perjuicios por tener que cerrar sus negocios debido a la pandemia.

A la espera de la publicación de la sentencia, desde Meliá consideran que el fallo del Constitucional "puede reforzar nuestra argumentación presentada por el primer estado de alarma". "No obstante, nos gustaría recordar que nuestra reclamación no se basa únicamente en una potencial inconstitucionalidad del marco normativo aprobado en ese momento, sino en el perjuicio material, concreto e individual que tal declaración y la normativa subsiguiente nos causó y que, a nuestro entender, genera nuestro derecho a ser indemnizados", precisan desde la hotelera que dirige Gabriel Escarrer.

Para Meliá, "la sentencia del TC abre ahora un muy interesante debate desde una nueva perspectiva y estamos en una situación inédita en el campo del Derecho". Desde NH no han querido manifestarse sobre las posibilidades de conseguir una indemnización del Gobierno una vez se ha fallado en contra de la constitucionalidad del primer estado de alarma.

Esta petición de compensaciones de Meliá y NH viene derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres masivos de hoteles. A partir del 26 de marzo, el Gobierno ordenó el cierre de todos los establecimientos hoteleros, al igual que de restaurantes, comercios o espacios culturales, restricción que impidió cualquier tipo de actividad durante meses (Meliá y NH reclaman 200 millones al Gobierno por daños y sentarían un precedente).

Una reclamación de este tipo se presenta ante la vía administrativa, que tiene un plazo para resolver de 12 meses, y en el caso de ser rechazada se puede acudir al contencioso administrativo e, incluso, llegar al Constitucional o al Tribunal de Luxemburgo.

Meliá,  a través de 44 de sus sociedades propietarias de hoteles en gestión, alquiler o franquicia, presentó el pasado marzo una reclamación contra el Estado pidiendo una indemnización de 116 millones de euros por daños y perjuicios por el primer estado de alarma, por lo que “no se pueden descartar acciones ulteriores”, según el mismo periódico. NH, la otra cotizada hotelera española, exigió este lunes también una compensación a la Administración de más de 100 millones.