Más de tres meses después de que el Gobierno central cerrase acuerdos con hoteles y balnearios de la península para alojar a los inmigrantes que llegaban a las costas de Canarias, aún se siguen sin conocer los detalles de los contratos firmados. (Canarias en 2024: las claves son Airbnb, la formación y la crisis migratoria)
El diario Vozpópuli remitió una petición de información del Portal de Transparencia en octubre del año pasado, con el objetivo de conocer aspectos como el precio que pagó a los establecimientos y las condiciones que se acordaron. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta, cuando, teóricamente, deben atender la solicitud en un plazo máximo de un mes.
Concretamente, pidió explicaciones acerca de “los contratos públicos suscritos estas últimas jornadas con establecimientos habitualmente turísticos acondicionados estos días para alojar a personas migrantes”. Citaba algunos ejemplos que salieron a la luz, como el Balneario Las Salinas, el Hotel Los Barruecos, o el albergue Pirenarium, entre otros.
En total, se acordó poner a disposición de los migrantes un total de 11.000 plazas repartidas por el territorio nacional para aliviar la presión de las instalaciones canarias, que, en el conjunto de 2023, recibieron un total de 39.910 extranjeros en sus fronteras.
Ante esta falta de respuesta, el citado medio mantiene su empeño y recurrió su petición al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hace algo más de un mes, del que tampoco han obtenido respuesta. Llama la atención esta pasividad del ejecutivo cuando la Ley 19/2013 de transparencia recoge que es uno de los “ejes fundamentales de toda acción política".
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Me sumó a esa petición legítima y envido a grande, que se desprotejan de una pastelera vez todos los documentos clasificados cómo Secretos de Estado desde la Transición y quién tenga que caer … que caiga.
Y a los pobres que desahucian , ni alternativas, ni hoteles ni albergues.