El CEO de Riu, Luis Riu, asegura en una entrevista con mallorcadiario que "yo, aparte de empresario, soy residente y no soy ajeno a la realidad de la isla. Entiendo perfectamente que el ciudadano sienta que la afluencia de turistas está descontrolada. Y es que tienen razón. Antes las zonas turísticas estaban más o menos delimitadas, pero con la proliferación de pisos vacacionales la oferta de plazas se lleva a todas las calles y pueblos de la isla. Esto sigue sin estar regulado como debería".
Riu recuerda que "los hoteleros operamos sujetos a normas de todo tipo, desde seguridad, sanitarias o medioambientales hasta fiscales. Nuestro crecimiento está muy controlado".
No obstante, enfatiza que "el aumento espectacular de plazas viene sin duda por parte del alquiler vacacional. En su caso, falta regulación y una masa suficiente de inspectores para hacer cumplir, al menos, las normas vigentes".
La fuerte irrupción en la última década del alquiler vacacional se ha demostrado decisiva para el encarecimiento de la vivienda, al detraer del parque residencial una buena parte de la oferta para destinarla a la corta estancia. Además, ha deteriorado la convivencia vecinal, al permitirse el uso turístico en zonas que en los planes urbanísticos estaban delimitadas para su utilización residencial, rústica o industrial. Del mismo modo, ha desnaturalizado la identidad de muchos cascos históricos. Al mismo tiempo, ha demostrado una menor contribución fiscal y al empleo que la oferta reglada.
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Según los datos de la Conselleria de Turisme y los del INE, las viviendas vacacionales suponen exactamente el 2,6% del parque residencial de Mallorca, por lo que el impacto sobre el precio de la vivienda es bastante relativo. Solo hay que ver que teniendo este número estancado desde hace un año por la moratoria, el precio de la vivienda ha seguido subiendo "al ritmo habitual". Por otro lado, recordar que las plazas hoteleras más que triplican a las de alquiler vacacional (algo tendrán que ver con la saturación por tanto) y que estas últimas están más que reguladas por el PIAT, que define perfectamente donde puede haber viviendas turísticas y donde no, al igual que hoteles. En cuanto a la cantidad de inspectores, totalmente de acuerdo: son claramente escasos para un archipiélago que vive del turismo y en el que los establecimientos ilegales hacen mucho daño.
A quien debe hacer una inspección es a Airbnb ya que es el único lugar donde no se realizan facturas a los clientes. Un recibo que no sirve para nada. Podemos ir a hoteles, restaurantes, pedir una factura. Sabe que Airbnb es la única plataforma al mundo que no debe hacer factura a sus clientes?
Esto que quiere decir?
Es una vergüenza