AENA, a las tiendas de los aeropuertos: o privatización o nada

Madrid. 3/6/11.- Los responsables de Aena han dado un ultimátum a las empresas concesionarias que operan en sus aeropuertos para adaptarse a la privatización. La decisión ha levantado ampollas entre algunas firmas afectadas, que ya han puesto este asunto en manos de sus abogados.

Se trata de un negocio de casi 600 millones en el que participan sociedades como Aldeasa, Autogrill, Dufry, Áreas, la estadounidense SSP, Vips, McDonald’s, Burger King, Inditex y El Corte Inglés, entre otros. Algunos de estos grupos se están replanteando su relación con el gestor aeroportuario público.

Según un escrito enviado por Aena el pasado 5 de mayo, del que se hace eco Expansión, las 1.300 empresas que trabajan en los aeródromos deben decidir si aceptan transformar su concesión en un contrato de arrendamiento de Aena Aeropuertos, lo que supone pasar de una jurisdicción contencioso-administrativa al Código Civil.

Si no responden hoy, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento rescindirá unilateralmente la relación contractual. Según las compañías consultadas, la rescisión lleva aparejada la asunción de todos los costes de demolición, cesión de la fianza (equivalente a un año de canon) y a los gastos de personal por desaparición de actividad.

La situación es especialmente delicada en los espacios comerciales de la Terminal 4 de Barajas o en la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, donde las compañías hicieron ofertas muy agresivas para adjudicarse las concesiones y, ahora, las ventas no son suficientes ni siquiera para cubrir los pagos del canon. “Aena no acepta renegociar, por lo que, en algunos casos, lo más sencillo es aprovechar este resquicio legal para devolver la concesión”, asegura uno de los grupos afectados por el cambio de modelo.

Fuentes del sector apuntan que el grupo Vips (Starbucks y Tio Pepe) se está replantearon su permanencia en la T4; mientras que operadores como Aldeasa, The Eat Out y Áreas estarían dispuestos a aceptar el cambio de régimen. Para algunos, “hay quien está enredando en aguas turbulentas, pero este cambio está previsto en la Ley de Patrimonio del Estado y es correcto”.