Aena y sus directivos deberán hacer frente a las querellas criminales presentadas el pasado 2 de diciembre por 1.330 controladores, el 55% de la plantilla del gestor aeroportuario, a raíz de las medidas tomadas hace un año por las bajas masivas de este colectivo que provocaron el cierre del espacio aéreo.
Juan Ignacio Lema, presidente de Aena, es uno de los directivos afectados, junto a Carmen Librero, anterior directora de navegación aérea cesada en julio de 2011, y tres de sus colaboradores: Salvador Merino, Enrique González y Andrés Torrecilla, según informa Cinco Días.
Las demandas acusan a estos directivos de los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, revelación de secretos y delito contra los trabajadores.
El sindicato USCA está detrás de la iniciativa judicial de los 1.330 operadores de torre de control, que Aena y el Ministerio de Fomento consideran “una estrategia jurídica ante el avance de los procedimientos judiciales contra los controladores”, tal y como recoge el diario económico.
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