El aeropuerto de Ciudad Real, un problema privado

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha pretende la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha (SIA), que se creo en 2010 para actuar en el aeropuerto de Ciudad Real. Esta sociedad, recuerda el Gobierno de María Dolores de Cospedal en un comunicado, nació, en julio de 2010, con la vocación prioritaria de actuar desde el ámbito público en el proyecto de capital privado del aeropuerto de Ciudad Real.

Desde su constitución, asegura la Junta, la actividad de SIA se ha limitado a la firma de dos contratos de patrocinio con la compañía Vueling Airlines, cuya vigencia expira el próximo 31 de octubre, que han supuesto un gasto de 2.344.723,65 euros. Por otra parte, la plantilla de personal de esta sociedad, formada por tres personas, el director gerente, el jefe de administración y la secretaria de dirección, supone un coste anual de 179.989,56 euros.

"Es evidente que SIA no ha respondido al fin pretendido con su creación, ya que su actuación no ha contribuido a la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real, el cual, como es sabido, se encuentra inmerso en concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Ciudad Real", continúa el Gobierno regional.

El departamento que dirige Marta García de la Calzada asegura que el objetivo para el que fue creada SIA "ya no resulta razonable seguir persiguiéndolo". En consecuencia, advierte, su mantenimiento a cargo de fondos públicos supondría un gasto para el ciudadano "sin apenas rentabilidad social", que resulta "incoherente" con la "política de austeridad y de eficiencia del gasto público que resulta necesario adoptar". No obstante, destaca que es "deseo" del Gobierno regional que el proyecto del aeropuerto  de Ciudad Real culmine con "éxito", si bien, "sin impacto" para el contribuyente castellano-manchego.

En consecuencia, y ante la constatación de que el interés común que ha de defender el Gobierno de Castilla-La Mancha y al que se ha de supeditar cualquier asignación de recursos públicos, "máxime en las actuales circunstancias", no se cumple con la SIA, la Consejería de Fomento, a la que está adscrita la mencionada sociedad, propone la disolución de la misma.