No solo no se ha completado la operación de privatización parcial de los principales activos de la red de aeropuertos de Aena, con la consiguiente ausencia de ingresos económicos, sino que la paralización del proceso ha costado a las arcas públicas del Estado unos 3 millones de euros.
Este gasto se ha producido en encargos de asesoramiento, consultoría financiera y consultoría legal, y ha ido a parar a la entidad financiera Royal Bank of Scotland, la consultora AT Kearney y el despacho de abogados Cuatrecasas, según publica Vozpópuli.
Estos dispendios se produjeron mientras el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero preparaba la entrada del capital privado en el 49% de los aeropuertos de Madrid Barajas y de Barcelona El Prat. Unos planes que fueron abortados por el mismo Ejecutivo justo antes de las elecciones generales que dieron la victoria al Partido Popular, para que fuera el nuevo equipo el que decidiera el futuro de estas infraestructuras. Aún no se ha puesto en marcha ninguna nueva operación.
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