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EDICIÓN ESPAÑA

Aeropuertos | A 20 días de vencer el plazo para recibir ofertas

Fomento estudia parar la concesión de Barajas y El Prat

El Ministerio de Fomento va a abordar en los próximos días aclarar su postura respecto al proceso de privatización de la gestión de los dos mayores aeropuertos españoles, Barajas y El Prat, a 20 días de que se cumpla el plazo de recepción de las ofertas, marcado para el 31 de enero.

 

El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, ha abierto una puerta a la paralización. El Gobierno tomará una decisión sobre "cuál es el modelo aeroportuario más adecuado en los próximos días", dijo el número dos de Fomento.

 

Una declaración que, según Cinco Días, refleja a las claras la posibilidad de detener y modificar los términos de la licitación. De momento, la fecha para la presentación de las pujas continúa siendo firme. "Estamos tomando contacto con Aena y con los posibles consorcios interesados para decidir", añadió Catalá.

 

Fuentes empresariales aseguran, sin embargo, que los consorcios interesados han abandonado hace semanas los trabajos para conformar las ofertas. Precisamente fueron las dificultades para cerrar la financiación las que aconsejaron un primer aplazamiento de tres meses.

 

Las mismas fuentes apuestan por que el Gobierno anunciará en el Consejo de Ministros de este viernes su intención de hacer caja con la concesión de las plazas aeroportuarias de Madrid y Barcelona, pero variando las condiciones. De decidirse el parón, será el órgano de administración de Aena Aeropuertos, probablemente el lunes, quien ejecute la orden.

 

La venta del 90,05% del capital de las sociedades concesionarias de Barajas y El Prat concitó el interés de siete consorcios, liderados por FCC, Acciona, Ferrovial, Aeropuertos de París, la india GMR, Abertis y San José.

 

El periodo de explotación alcanza 20 años, más cinco adicionales, para lo que había que aportar 3.700 millones de euros de canon inicial en el caso de Barajas y de 1.600 millones por El Prat. A partir de ahí, las operadoras deberían realizar un pago anual mínimo equivalente al 20% de la facturación. En 2012 este abono sería de 150 millones en Madrid y de 80 millones en Barcelona.


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