El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha citado a declarar al presidente de Aena, José Manuel Vargas, y a su antecesor Juan Ignacio Lema, el próximo 4 de julio para responder a la querella criminal presentada por los vecinos de Ciudad Santo Domingo –una urbanización próxima al aeropuerto de Madrid-, por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.
Los habitantes de dicha urbanización llevan luchando desde el año 2004 (El ruido podría frenar el desarrollo de Barajas) contra los ruidos sufridos por la proximidad de una de las pistas de las instalaciones de Barajas y éstos esperaban poder resolver el conflicto este mismo verano (La reducción de actividad en la pista más larga de Barajas se resolverá este verano).
El juzgado madrileño también ha citado a declarar a Amparo Brea Álvarez, directora de planificación y Medio Ambiente y a José Manuel Hesse Martín, antiguo director de Medio ambiente, el próximo 6 de julio.
Según informa El Confidencial, los querellantes consideran que los hechos presuponen un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Además, señalan que el delito contra el medio ambiente del artículo 325 y siguientes del Código Penal está castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio uno a tres años.
En 2008 el Tribunal Supremo se pronunció a favor de los vecinos pero no especificó qué medidas concretas debía llevar a cabo Aena para acabar con el problema de los habitantes de esta zona. En 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso una reducción del 30% del número de sobrevuelos sobre la urbanización Santo Domingo, aunque esta decisión no satisface a ninguna de las partes.
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El "Estado de bienestar" ha derivado en un "estado de esquizofrenia". Si una población tiene derecho a no tener ruidos de aviones, supongo que también deberán tenerla cualquier otro habitante de cualquier otra población, estuviese o no edificada antes del aeropuerto de turno, si se trata de un delito medioambiental, cerremos pues todos los aeropuertos, no le pasemos una a la modernidad, obliguemos a que se circule a 30 km/h en nuestras carreteras para que no se generen ruidos o mas aun, prohibamos definitivamente los coches que contaminan nuestro medio y volvamos a la caverna que se está muy fresquito.