El aeropuerto de Castellón, que aún no ha recibido ningún avión a pesar de llevar inaugurado más de un año, tendrá que hacer frente a sus obligaciones tributarias. Concretamente, según el diario Levante, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, que son titulares de la instalación, deberán hacer frente al pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de los últimos cuatro años.
Los ayuntamientos de Vilanova d’Alcolea y de Benlloch, municipios entre los que se ubican los terrenos que ocupa el aeropuerto, han conseguido que el Ministerio de Hacienda acceda a revisar la situación catastral del aeródromo presidido por el ex presidente provincial Carlos Fabra (PP).
Eso sí, Hacienda se ha negado a catalogar el proyecto como aeropuerto, porque no está en funcionamiento. La infraestructura no tendrá la consideración de “inmueble de características especiales” hasta que esté en servicio y, mientras tanto, pagará un impuesto algo menor como “construcción singular”. Solo el consistorio de Vilanova calcula embolsarse 300.000 euros por el IBI que reclama.
A las zonas edificadas del aeropuerto de Castellón se les aplicará el impuesto propio del suelo urbano, mientras que a las parcelas sin construcción se les cobrará como suelo rústico. Si algún día tiene actividad, toda la instalación pasará a tener consideración de suelo urbano y se le aumentará el tipo impositivo.
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