Corrupción de alta velocidad en el AVE Madrid-Barcelona

Entre 2008 y 2011, las obras de Fomento supusieron un sobrecoste de 4.776 millones de euros. La actual ministra del ramo, Ana Pastor, asegura que la desviación media del importe de los contratos firmados bajo la etapa del PSOE fue del 12%. Pero en algunos casos la inflación de los pagos llegó hasta el 230%, como en la plataforma del AVE entre L’Hospitalet y La Torrassa, en Barcelona, por el que se acabaron pagando 247 millones de euros más que lo previsto en el contrato de adjudicación.

El Tribunal de Cuentas ha señalado que el trazado del AVE Madrid-Barcelona salió a concurso por 7.550 millones, se concedió por 6.822 millones de euros pero finalmente costó 8.996 millones, un 31% por encima del presupuesto, recoge El País. Este lunes, la Operación Yogui ejecutada por la Guardia Civil por orden judicial ha supuesto la detención de nueve personas supuestamente implicadas en corrupción relacionada con las obras del tren de alta velocidad.

El caso ha afectado a directivos y funcionarios de Adif, así como a la empresa adjudicataria Corsan. En la sociedad pública responsable de las infraestructuras ferroviarias se ha abierto una auditoría interna. Lo mismo ha anunciado que se va a hacer en el Ministerio de Fomento para investigar tanto la presunta malversación de fondos como las desviaciones presupuestarias en el AVE.

Desde la Comisión Europea, la portavoz de política regional Shirin Wheeler ha afirmado que las autoridades comunitarias están en contacto con las españolas para aclarar “si esto se refiere a un caso anterior que fue financiado por el Fondo de Cohesión” y cuya devolución ya se pidió. Wheeler ha señalado que existen dos informes. Uno relacionado con “la financiación de la estación, que está vinculado a un proyecto más amplio que no recibe fondos europeos, y otro que concierne a una sección particular entre Madrid y Barcelona, para la que sí ha habido fondos europeos”.

En cualquier caso, Bruselas ha remarcado que habrá “tolerancia cero” con la malversación de fondos y que “si se trata de fraude, la cuestión será remitida  la Oficina Antifraude de la UE y, si no, pediremos que se devuelva el dinero”.

En España, el Tribunal de Cuentas está participando en las diligencias previas, analizando las circunstancias de los desvíos presupuestarios y deficiencias en los proyectos, “la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos”.