Alitalia: el Gobierno aplazará la devolución de los 900 millones

Alitalia, la compañía pública italiana, quebró hace poco más de un año, momento en el cual el gobierno de turno le concedió un préstamos de 900 millones de euros. Como la Unión Europea prohíbe que las empresas públicas compitan con las privadas con la ventaja de que sus pérdidas las pagará el Estado, existe una fecha para la devolución de este dinero: el 15 de diciembre. A nadie se le escapaba que Alitalia para ese momento no sólo no tendrá los 900 millones, sino que estará esperando otra inyección de dinero porque seguro que ha aumentado sus pérdidas.

Pero no se preocupen, ya está la solución al problema: el Gobierno parece tener ya lista una prórroga de seis meses para la devolución de los 900 millones que, por supuesto, Alitalia no a devolver jamás. En estos momentos, la situación es la siguiente: el Gobierno –entonces en manos de Mateo Renzi– había convocado un concurso para privatizar la compañía. Se presentaron varias ofertas pero con el nuevo gobierno resultado de la alianza entre La Lega Norte y el movimiento Cinque Stelle, se optó por venderle la aerolínea a otra empresa pública, Ferrovie dello Stato. O sea que ahora los trenes son los dueños de los aviones.

Por lo tanto, se ha cumplido la primera parte del trámite. Ahora, el siguiente paso, es encontrar un socio que sepa de aviación para que esto funcione. Lufthansa, según algunas informaciones, no querría saber nada de esto. Pero Easyjet, asociada a la americana Delta, sin embargo, podrían estar interesadas. El 31 de enero deberemos saber qué ocurre (Easyjet presenta una oferta por la compra de una Alitalia estructurada), (Lufthansa huye de Alitalia si ha de asociarse con el gobierno de Italia).

Ahora surge otro problema: la Unión Europea parece que ha empezado a sospechar de que todos estos préstamos en realidad son ayudas encubiertas. Así que ese pronunciamiento, si no se arregla de otra manera, porque para algo todo esto es política, puede acabar con una crisis profunda (Alitalia: el Estado se quedará con el 70% del capital).