España agota la paciencia de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario ha tomado la decisión de llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer la directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés), informa Vozpópuli.
Dicha normativa está encaminada a la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo, así como delincuencia grave. Se trata de información personal que los pasajeros deben aportar y que recogen las compañías aéreas, incluyendo datos como fechas de vuelo, itinerarios, asientos, equipaje, información de contacto y medios de pago (Las aerolíneas, obligadas en España a dar datos de pasajeros para cruzarlos con la policía).
La directiva en cuestión se aprobó en abril de 2016, si bien los Estados miembros disponían de dos años de margen para adecuar sus normativas a los nuevos requerimientos recogidas en la misma. Bruselas explica que es "necesaria" debido a que "las actividades terroristas y de delincuencia organizada a menudo conllevan desplazamientos internacionales".
Y es que el PNR regula la transferencia de dichos datos a las autoridades policiales de los diferentes países de la Unión Europea. La normativa responde a la supresión de los controles fronterizos en el espacio Schengen, siendo su prioridad facilitar el intercambio de información entre los cuerpos de seguridad de los Estados miembro.
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