El sindicato de controladores aéreos USCA indemnizará con algo más de 15 millones de euros a los más de 15.000 afectados por la huelga de 2010. Los denunciantes recibirán 1.000 euros por cabeza más los gastos en que hubieran incurrido por la huelga de controladores, según informa este martes El Mundo.
El acuerdo y la reparación del daño garantizan una pena mínima para cada uno de los controladores investigados en Madrid, quedando descartado el delito de sedición (Los controladores ganan el primer recurso contra las sanciones de Enaire). Asimismo, los abogados de los afectados que han seguido adelante con las acciones legales contra los responsables de la crisis han desistido de acusarles civil y penalmente.
Tras el cierre del espacio aéreo, en diciembre de 2010 en el Aeropuerto de Palma, miles de pasajeros se quedaron en tierra y sin poder viajar en el puente de la Constitución (Controladores podrían pagar más de 600 años de prisión por una huelga). Se acusó a 84 trabajadores de “insurrección contra el orden constitucional”, coacciones y abandono de servicio. Actualmente, se ha abierto juicio oral 82 controladores por sedición, coacciones y abandono del servicio público.
El Gobierno de Zapatero declaró el estado de alarma por primera vez en la historia democrática española, y militarizó torres y centros de control aéreos el viernes 3 de diciembre de 2010, al producirse un abandono masivo en los puestos de trabajo por parte de los trabajadores. Ante la negativa de volver a sus puestos de trabajo, el Ejército tomó el control de las torres y la Fiscalía de Madrid llegó a abrir diligencias a los controladores por sedición.
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