Correos usó un contrato irregular para los vuelos de Iberojet

Polémica con el nacimiento de Correos Cargo ante una posible irregularidad en las fórmulas contractuales con Ávoris. Expertos revelan que se utilizó un modelo jurídico muy especial en la joint venture, con un acuerdo piloto poco común para este tipo de alianzas, que se suele reservar para contratos de investigación o innovación. (Iberojet destinará dos de sus Airbus A330 para transportar paquetes de Correos)

Como publicó Preferente, Iberojet pactó con Correos destinar dos de sus A330 a lo largo de 2022, para el transporte de mercancías. Comentaron que la segunda se ocuparía de la gestión aduanera de los envíos, así como de las soluciones logísticas y comerciales para la captación de los flujos de paquetería, mientras que a cargo de Iberojet correría la organización de todos los medios materiales para llevar a cabo la operación y realización de los vuelos.

Primeramente, hay que poner el foco en el procedimiento de selección de Iberojet como socio. Según informa en exclusiva ABC, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 exige que todos y cada uno de los contratos públicos se abran a la libre concurrencia, sean publicitados y se adjudiquen con transparencia. No obstante, aquí ocurrió lo contrario, y se optó por esquivar todos estos asuntos bajo una legislación diferente.

Correos justifica toda esta polémica señalando que “es un negocio que no está vinculado a los que regula la Ley de Contratos del Sector Público (obras, servicios y suministros) por tratarse de un proyecto de asociación para la generación de un negocio, que se articula a través de un contrato piloto”. Apunta que “estos contratos piloto sirven para testar procesos, socios, negocios y procedimientos”.

Pero nada más lejos de la realidad, hay algunos cabos sueltos en esta afirmación que hacen ver que la alianza se selló de manera ilegal. En primer lugar, los documentos muestran una falta de relación entre la naturaleza el acuerdo mercantil para arrancar el proyecto, y los servicios relacionados con la investigación. Estos últimos permiten sellar un acuerdo estatal sin que sea obligatorio la convocatoria de un procedimiento competitivo y público.

Expertos en Derecho consultados por el citado medio confirman que es “difícilmente justificable”, ya que una empresa destinada al transporte de mercancías no puede ser considerado una innovación. Así, sentencian que se trata de “un contrato de servicios en toda regla”, por lo que debe estar sujeto a las condiciones nacionales sobre contratación pública.

Otro de los puntos que hace dudar de la legalidad del acuerdo son las cláusulas. Los documentos exponen que Correos se responsabilizaría del riesgo del plan, comprometiéndose a pagar a Ávoris todos los gastos operativos, en este caso tal y como recoge la ley. No obstante, pese a que Ávoris se lava las manos, sí tendría derecho a un 20% de los beneficios, algo ilegal según la normativa de Contratos del Sector Público.