España, primera víctima de las nuevas eco-tarifas aéreas

El martes 18 de abril el Parlamento Europeo aprobó el nuevo reglamento de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Para resumirlo, supondrá un espectacular aumento de los precios para las aerolíneas porque ahora no tendrán exoneración alguna y deberán comprar todos sus derechos de emisión en el mercado. Entrará en vigor por fases para en 2026 aplicarse en su totalidad. Si antes la emisión de una tonelada de CO2 costaba unos 30 euros, ahora costará no menos de 100 (Canarias: el turismo, en riesgo por su inclusión en el ETS).

Europa, asimismo, ha aprobado una norma, la Refuel EU Aviation, separada de la anterior, que obliga a que las aerolíneas empleen al menos el 2 por ciento de su combustible SAF (o sea, renovable). El problema es que no hay suficiente producción y es un combustible mucho más caro (hoy, tres o cuatro veces más costoso). Para 2040, el 37 por ciento del combustible de aviación en Europa deberá ser SAF, con un incremento de la obligatoriedad de su uso a lo largo de los años. Y, en consecuencia, los precios de los billetes van a subir también por este motivo.

Y, además, se está revisando la Directiva de Fiscalidad sobre la Energía, que prevé gravar el combustible de aviación con un impuesto a los vuelos dentro de la Unión (no puede aplicarse para países terceros porque, lógicamente, Europa no tiene competencias en las relaciones con terceros y, además, el avión siempre puede cargar el combustible en el país de destino). Tercer motivo de incremento de precios.

Todo eso recaerá especialmente sobre los viajes de corto radio que son los que parten y aterrizan en Europa y, por ende, se han de atener a las normas aprobadas por la Comisión Europea y su Parlamento. El país más afectado será España porque es el que más depende del turismo europeo. Para un alemán, en cambio, si es verdad que volar a Mallorca aumentará de precio, Turquía, Egipto o Arabia Saudita no variarán, por lo que sus vacaciones no corren peligro. Pero el caso español es otra cosa porque depende de Europa.

Si eso es grave en la Península, mucho más lo es para Baleares, para quien no se contemplan excepciones. En el caso de Canarias sí hay una excepción que no afecta a los vuelos entre Europa y Canarias sino sólo a los que enlazan la Península con el archipiélago.

La propia Comisión en sus estudios admite que todas estas normas tendrán el efecto de que para 2030 se van a perder 190 mil empleos y un 0,7 por ciento del PIB, fundamentalmente en España, Grecia y Portugal, los tres países más perjudicados.

Lo más sorprendente es el silencio español ante estas medidas, perfectamente ecológicas pero de impacto espectacular en nuestra economía y de dudoso impacto en el medio ambiente dado que un viajero al Caribe o a Turquía, aunque seguiría contaminando, no pagaría los billetes más caros.