El Estado ha sido condenado por la Audiencia Nacional a pagar a Iberia 414.530 euros adicionales por los intereses derivados de los retrasos en el abono a la aerolínea de las facturas por los billetes de avión de los inmigrantes devueltos a sus países de origen entre 2003 y 2009.
Iberia presentó en 2009 una reclamación a la Administración para cobrar 1’37 millones por este concepto. Dos años más tarde, el Gobierno reconoció y pagó 833.939 euros, pero la compañía del grupo IAG recurrió al no estar de acuerdo con el método de cálculo de estas cantidades y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN ha emitido un fallo el pasado 23 de abril en el que da la razón a la empresa y obliga al Estado español a pagar lo que falta más las costas judiciales.
La aerolínea ha calculado los intereses “a partir de los dos meses de emisión de las facturas hasta la fecha de su cobro efectivo”. Los billetes a los que se refiere el caso son los de los ‘sin papeles’ expulsados en 2003 y entre 2005 y 2009.
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