Si el Gobierno no mueve ficha las aerolíneas quebrarán y los pasajeros perderán aún más

Paradójicamente, y a pesar del gran servicio que están prestando estos días con los vuelos que abastecen nuestros hospitales y supermercados a diario, el de las aerolíneas es uno de los sectores más duramente castigados por el confinamiento que nos impone el COVID19. Sin ingresos, sus gastos siguen siendo innumerables y afrontarlos es especialmente duro en un momento en el que los márgenes se habían ido reduciendo muchísimo por la brutal competencia del mercado –recordemos que desde enero de 2019 han desaparecido 14 compañías aéreas-.  

Y es que las aerolíneas están siendo forzadas a cancelar miles de vuelos, por lo que hay millones de pasajeros que no están volando conforme tenían planeado. En estas circunstancias, la posición de la Comisión Europea obligando a devolver el dinero a los pasajeros por los billetes no utilizados supone un test de estrés que muchas aerolíneas no superarán, ahogándose financieramente por el camino, lo cual supondrá el despido masivo de empleados y, consecuentemente, una mayor paralización de nuestra economía.

Entonces, las preguntas que cabe hacerse son, ¿qué dice la normativa al respecto de devolución del dinero a los pasajeros por los billetes no volados?, ¿es realmente necesario obligar a las compañías a devolver el dinero?, ¿puede hacer algo nuestro Gobierno al respecto?

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece la obligación de reembolsar a los pasajeros el precio de sus billetes en dinero o, si el pasajero está de acuerdo, en bonos de viaje (vouchers). Por tanto, a priori la obligación es la de reembolsar, y el voucher sólo es posible en lugar del dinero si el pasajero así lo desea.

Sin embargo, el Considerando (14) del Reglamento establece que las obligaciones de los transportistas "se deben limitar" cuando un suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias. Dado que la Comisión Europea ya determinó hace unos días que el COVID19 debe ser interpretado como tal, no se entiende por qué la propia comisión no permite la limitación del reembolso de los billetes de una forma más flexible.

Provocar el concurso de las aerolíneas conllevaría un perjuicio para los pasajeros

En primer lugar, porque tal y como indica AESA en su página web, el Reglamento no se concibió como un instrumento preparado para afrontar una situación como la desatada por el COVID19.  

En segundo, porque un contrato de transporte es, por definición, un acto jurídico mediante el que dos partes aceptan unas condiciones recíprocas que les otorgan una serie de obligaciones y derechos y no existe motivo por el cual ha de ser la aerolínea la parte que deba soportar el inmenso daño causado por el COVID19.

Como tercer motivo cabe mencionar que existen soluciones que no dañan en absoluto a los pasajeros y permiten sobrevivir a las aerolíneas, como la adoptada por el gobierno holandés, que permite la emisión de vouchers con validez de un año, obligando a reembolsar el dinero al pasajero si en ese período no se canjea el bono.

En cuarto lugar, porque no tomar medidas en España supondría un grave riesgo para nuestra competitividad, pues como ya se ha indicado hay gobiernos europeos que ya están defendiendo sus mercados, y hay otros a quienes no solo no les importa la inacción de la Comisión Europea, sino que les conviene, pues sus sectores aeronáuticos y aerolíneas ganarán competitividad a costa de la pérdida de la nuestra.

Como quinto motivo debemos mencionar que si se han tomado medidas para ayudar a las agencias de viajes y minoristas permitiéndoles el reembolso mediante vouchers en los viajes combinados, no se entiende por qué se debe discriminar a las aerolíneas a sabiendas además de que esta cuestión las llevará directas al concurso de acreedores.

Y en sexto y último lugar, porque provocar el concurso de las aerolíneas conllevaría un perjuicio para los propios pasajeros, pues al final muchos de ellos no recibirían su dinero –ni en vouchers ni de ninguna otra forma– y, en el ya de por sí difícil mercado de la aviación que se prevé para el corto-medio plazo (la IATA pronostica una reducción del 46%), se reduciría la competencia, encareciéndose los precios y eliminándose las rutas menos rentables.

Es por todo lo anterior que entendemos que, ante la inacción de la Comisión Europea, la puerta abierta incardinada en el Considerando (14) del Reglamento debe ser utilizada por nuestro Gobierno para solucionar la compleja situación que afecta a las aerolíneas en España, permitiéndose soluciones como la comentada de utilización de bonos reembolsables convertibles en dinero sólo si tras un año no han sido utilizados.

En efecto, es capital que nuestro Gobierno evite el daño irreparable que causará esta cuestión a una industria que supone el 9,2% de nuestro PIB y emplea a 1,7 millones de personas. Y ello porque, al margen de cualquier análisis jurídico, el Gobierno debe encontrar soluciones que protejan los derechos e intereses de los consumidores pero sin que ello suponga la desaparición de empresas y puestos de trabajo. Máxime cuando otros gobiernos europeos ya están protegiendo sus mercados con soluciones que se encuentran en la propia Ley y que, como ha quedado expuesto, no producen ningún daño a los pasajeros.