Agencia de Turismo balear: nueva sospecha de corrupción

De mayo a octubre. Durante casi cinco meses, la Fiscalía de Baleares estuvo estudiando los contratos que diversas instituciones públicas de Baleares, todas ellas lideradas por Més, el partido nacionalista de izquierdas de Baleares, concedieron a las empresas de Jaume Garau, el director de la campaña electoral de ese partido. Finalmente, la Fiscalía decidió presentar una denuncia contra varios altos cargos, todos los cuales ya habían sido cesados en sus funciones. Menos uno: Pere Muñoz, el director de la Agencia de Turismo de Baleares. Era el superviviente.

 La Agencia de Turismo de Baleares antes era conocida como Instituto Balear de Turismo (Ibatur). Su sede ha sido visitada en incontables ocasiones por la policía. La denuncia contra Muñoz sólo se suma a una larga lista de casos investigados en este departamento.

¿Por qué esta tendencia de la promoción del turismo a estar en la picota? Por varias razones: primero porque la promoción del turismo en Baleares se hace sola, de forma que nadie hace un estudio a posteriori sobre la idoneidad del gasto; segundo, porque es un gasto difícilmente medible –la creatividad de un anunciante puede costar 100 o 1000, dependiendo del criterio particular que se aplique en cada momento–; tercero, porque aquí cabe de todo, desde la asesoría estética, a la publicidad, al transporte de material, etcétera, de forma que es un lugar idóneo para que los partidos paguen los favores que les han hecho en la campaña electoral.

Los contratos de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) que la Fiscalía considera sospechosos no son cuantitativamente espectaculares, ni siquiera en comparación con los demás contratos que las empresas de Garau habían obtenido de otras dependencias autonómicas dirigidas por el partido cuyo secretario general era Biel Barceló. Pero el asunto tiene sus peculiaridades que lo han devuelto al primer plano.

Así como en otros contratos, el ejecutivo del Govern que promovió la actuación no conocía directamente a Garau, en el caso de Muñoz había una relación más estrecha. Muy estrecha. Pere Muñoz había trabajado durante años con Garau en la empresa Barcelona Media. Incluso Muñoz fue jefe de Garau en algunos proyectos que esa empresa llevó a cabo.

Cuando estalló el escándalo, en mayo de este año, el propio Muñoz reconoció que conocía perfectamente que Garau había sido jefe de campaña de su partido actual. Pese a esta relación, Muñoz firma personalmente la adjudicación de uno de los contratos por 21.500 euros a Garau.

La trayectoria de Muñoz tampoco provoca admiración entre los más radicales de su partido. Muñoz entra en el PSM, partido del que llega a ser candidato a alcalde de Palma; después se marcha a Unió Mallorquina, cuando las sospechas de corrupción de este partido eran ampliamente conocidas. Cuando la cúpula de este partido acaba en la cárcel, Muñoz deja pasar un tiempo y, de la mano de su amigo el conseller de Turismo, vuelve a ocupar un cargo, con su partido inicial.

Muñoz, antes de acceder al gobierno, había desarrollado varias empresas, algunas con socios procedentes del Partido Popular. Alguna de esas empresas se dedicaba a la promoción turística de lugares concretos de Mallorca, algunos relacionados con la Iglesia Católica.

Muñoz es una persona ligada al conseller de Turismo, Biel Barceló, desde la juventud. Y es una persona que ha protagonizado previamente acciones cuestionadas en la Agencia del Turismo. Por ejemplo, en un momento dado decidió externalizar la comunicación de la ATB a una empresa propiedad de un amigo suyo, que como él había pasado tanto por Més –antes PSM– como por Unió Mallorquina. Esto provocó un fuerte malestar en el interior del partido, al punto de que el contrato se tuvo que anular porque políticamente el ambiente era muy hostil a la decisión.

Pese a que la Fiscalía ha presentado esta denuncia, lo que equivale a que ve indicios de irregularidades, el conseller Barceló, de quien depende Muñoz, lo ha ratificado en el cargo, a la espera de tener más información, convencido como está de la legalidad de los contratos.