Los sindicatos USO y Sitcpla han registrado este jueves el preaviso de huelga de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair: desde las 00:00 horas del día 25 de julio hasta las 24:00 horas del 26 de julio en todo el territorio español. Mientras, la aerolínea sigue vendiendo vuelos para esas fechas en un día en el que ha tenido que sortear con la protesta de sus pilotos en Irlanda (Huelga histórica en Ryanair con 5.000 pasajeros afectados).
Además de los TCP españoles (Un TCP de Ryanair explota: cobra 6 euros por hora y paga 3 por beber agua), han convocado huelga los trabajadores de la compañía en Portugal, Italia y Bélgica, apoyados por los sindicatos, Snvpac, Uiltrasporti y Cne-Lbc, respectivamente. Están llamados a parar en total más de 4.000 tripulantes de cabina. Como explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, es insostenible que los TCP de Ryanair presten sus servicios a través de Crewlink Ireland y Workforce International Contractor, con condiciones laborales y prácticas empresariales "contrarias a los derechos laborales y sindicales reconocidos en España”, advierte a través de un comunicado.
USO lamenta los perjuicios que puedan sufrir los pasajeros “pero es urgente y necesario que Ryanair se ciña a la legislación nacional en materia laboral y sindical" y que cuenten con un convenio que regule las condiciones laborales de todos los TCP”, defiende Iglesias (Ryanair amenaza con abrir expedientes disciplinarios a los huelguistas). Mientas, representantes del sindicato siguen con su ronda de contactos con los partidos políticos y, tras reunirse con Unidos Podemos, este jueves el encuentro ha sido con Sergio del Campo, de Ciudadanos, quien se ha ofrecido a realizar una pregunta en sede parlamentaria.
Por otro lado, este miércoles se conoció una sentencia en los Países Bajos por la cual Ryanair se vio obligada a acogerse a la legislación holandesa "más beneficiosa", según el juez, en el caso de una madre trabajadora con un hijo menor de edad, residente en Eindhoven, que fue despedida después de negarse a un traslado a Dublín. A la aerolínea no le ha valido en esta ocasión el argumento de que aplicaba la ley irlandesa y ha sido condenada a indemnizar con 25.000 euros por despido a la trabajadora.
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