El turismo, ¿podría volver a manos exclusivas del Estado?

En unos momentos de máxima incertidumbre política –básicamente por la llamada “cuestión territorial”, aunque no sólo es ese el motivo– hay muchas cosas en revisión en este viejo y cuarteado país al que todavía llamamos España.

En los dos grandes foros sobre turismo a los que he asistido en los últimos meses se ha dejado sobre el tapete una ambición/preocupación por parte de muchos agentes turísticos en sus muchas acepciones. Esta preocupación es la no titularidad del Estado en la primera industria nacional y la escasez fáctica de competencias en un asunto de interés estratégico para la nación.

El asunto fue planteado abiertamente a la secretaria de Estado para el Turismo, Matilde Asian, en el reciente cónclave de León. La canaria argumentó a favor del mantenimiento del actual 'statu quo', esto es, que continúa siendo una competencia de las CCAA. Pero ello no significa, ni puede significar, que las muy respetables opiniones de una viceministra del ramo sean verdad revelada.

Cierto es que desde que se planteó el llamado Estado autonómico el turismo fue argumentado desde los gobiernos regionales como una necesidad cuasi primaria porque es 'in situ' donde mejor se conocen las virtualidades de los distintos destinos y, por ende, poder llevar a cabo de forma más real las ofertas para atraer visitantes. Es uno de los argumentos básicos, sin duda, para ese mantenimiento actual. Pero hay otras razones, también poderosas, para un replanteo acerca de quién o quiénes deben ser competentes para llevar a cabo la ejecución de las políticas turísticas.

Muchos empresarios se quejan, no sin razón, que no pueden estar al pairo de 17 normativas diferentes para un mismo quehacer y mucho menos para operar con ventaja en un negocio que básicamente tiene en todos los territorios que conforman el Estado las mismas o muy similares características. He oído con atención esos argumentos. No significa ello que el columnista los comparta al cien por cien, pero debe escribir y escribo que tienen su aquel.

Dónde si veo aún mayor profundidad para que esa competencia revirtiera al Estado, esto es, al Gobierno, es cuando se invoca el hecho de que se trata de un asunto de interés nacional y desde ese punto de vista, estratégico. Si es estratégico globalmente considerado no tiene mucho sentido que el Estado permanezca inerme. Incluso, en la venta exterior y en la promoción del país que es, básicamente, Marca España, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y el Gobierno consumen ya muchos recursos en materia de promoción. Quizá fuera la hora de pensar que lo pequeño ha dejado de ser bello y la optimización de dineros se realizaría mejor desde parámetros nacionales. Vuelvo a insistir que no tengo idea definida al respecto pero se trata de un asunto capital de cara a los próximos años. España no puede presentarse en los grandes foros turísticos internacionales como si fuera una nación repartida en diecisiete reinos de taifas donde cada cual intenta sacar partido en cabeza de ratón.

POLÍTICA

Lo que tengo claro, por tanto, es que en los próximos tiempos el debate a este respecto se abrirá en canal en este país, básicamente si los grandes empresarios de la cosa deciden levantar bandera. A nadie se le oculta, obviamente, que se trata –como casi todos en las modernas sociedades- de un asunto netamente político. Vamos a ser claros y directos por una vez. Al día de hoy, ni PP ni PSOE, Podemos y mucho menos los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, votarían a favor de un “recentralización” de las políticas turísticas, pero creo que Ciudadanos, por ejemplo, no haría ascos a la idea. Dependerá de la fuerza de la sociedad civil que de existir en España en el único sector que existe es en el Turismo.

Lo que es también meridiano es que a estas alturas de la película y de la globalización, que existe por encima de los poderes nacionales, lo único que no puede hacerse es poner puertas al campo.