Investigan una trama de contratos irregulares en el Imserso

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde finales del 2018 una presunta trama de contratación irregular en el Imserso que afecta a las aplicaciones informáticas de este organismo. Anticorrupción se centra en ocho empresas proveedoras de servicios informáticos del sistema de dependencia, que gestiona millones de datos personales. Se está recabando información específicamente sobre contratos y expedientes, así como sobre funcionarios que trabajaron en contratación y en gestión en el periodo 2010-2018, según informa El País.

El Imserso estaría pagando por estas aplicaciones que no están operativas. Las irregularidades estarían en la aparición de contratos duplicados, licitaciones de servicios informáticos con costes demasiado altos, contratos ficticios y controles laxos. Según informa el periódico, la Fiscalía ha pedido copia de 10 expedientes concretos y de todas las facturas pagadas y las licitaciones ganadas por ocho empresas que trabajan habitualmente con la Administración General del Estado.

La investigación hace referencia al periodo 2010-2018, que incluye los mandatos completos como ministros de Sanidad, sucesivamente, de la socialista Leire Pajín y los populares Ana Mato, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat. La indagación se inició en septiembre de 2018, tras la denuncia de una funcionaria que informó de presuntas irregularidades como bajas del 50% en el precio de la licitación, acceso de personas ajenas al Imserso a los sistemas informáticos del organismo o empresas que definían las necesidades de contratación y competían luego para llevarse esos contratos (La directora del Imserso confiesa haber sido engañada en el saqueo del PP), (Viajes El Corte Inglés recula y se aleja de pujar por el Imserso).

Estos acontecimientos vienen precedidos por varias destituciones de responsables en las áreas implicadas: informática, contratación y el área económica y presupuestaria. Según relata la funcionaria, todo comenzó con la llegada al Imserso en octubre de 2017 de una reclamación económica de la empresa Wairbut que reveló “la existencia continuada de contratos ficticios con el objetivo de realizar pagos de servicios contratados al margen de los procedimientos legales de contratación”, ha indicado a El País.

Asimismo, en su denuncia se indica que la asesoría jurídica del Instituto afirmó que era "imprescindible" la realización de una auditoría de carácter especializado. La Fiscalía también ha pedido datos sobre las empresas Accenture, Virtual Desk, la UTE Indra-Altia e Iecisa, del grupo El Corte Inglés. Indra ha declarado que desconocía esta investigación, mientras que El Corte Inglés ha señalado que en sus contratos no hay ningún tipo de irregularidad y que colaborarán con la Justicia (Halcón promociona a Israel y El Corte Inglés ya impulsa al Imserso).