Los controladores: 20 millones para poder evitar la sedición

Los controladores aéreos han necesitado menos de 20 millones de euros para sustanciar el caos aéreo que provocaron en España en el puente de la Constitución. Según la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), ya consignaron 15 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a los damnificados por el cierre del espacio aéreo del puente de la Constitución de 2010.

A estos 15 millones hay que añadir la multa de 100 euros diarios que tendrán que pagar durante cinco meses los 73 controladores de base encausados este lunes en el juicio de la Audiencia Provincial de Palma (El juicio a los 82 controladores de Baleares será por turnos para evitar otro caos aéreo).

El acuerdo entre la Fiscalía y las partes supone que los controladores  admiten un delito de abandono de funciones pero no un delito de sedición, como se les acusaba inicialmente. La sedición implica penas de prisión de hasta 15 años.

En el caso de los seis líderes implicados en el caos aéreo en Palma deberán pagar 150 euros diarios durante siete meses. Además se les suspenderá de empleo y sueldo durante cinco meses. En el caso de los controladores de base tendrán que pagar 15 mil euros cada uno mientras que los seis líderes sindicales deberán abonar 31.500 euros, además de la suspensión de empleo y sueldo durante cinco meses (La Fiscalía ofrece a controladores aceptar su culpa).

A las cinco de la tarde del 3 de diciembre de 2010 AENA decretó el cierre del espacio aéreo por el abandono masivo de las torres de control por parte de los controladores aéreos con el argumento de que no estaban en condiciones de trabajar, lo que obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma.

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. El entonces ministro de Fomento José Blanco decía: "Nos les puede salir gratis. Han puesto en dificultad el espacio aéreo español. Es una situación muy grave también desde el punto de vista penal. Para restablecer la normalidad hemos tenido que adoptar medidas sin precedentes, ya que era un chantaje inaceptable como no se había visto nunca".

El ministro calificó los hechos como huelga salvaje y acusó a los trabajadores de hacer chantaje y utilizar como rehenes a los pasajeros. Los controladores aéreos protestaban por sus condiciones de trabajo que calificaban extremas y denunciaban que mediante un decreto ley les habían aumentado las horas de trabajo y les habían rebajado el sueldo .