14 alcaldes de Almería exigen abrir el hotel de El Algarrobico

Pocas horas después de que el proyecto de urbanización junto a la playa virgen de Valdevaqueros (Tarifa) haya recibido el visto bueno político, los 14 alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad del Levante de Almería, del PP y del PSOE, han aprobado por unanimidad una moción del Ayuntamiento de Carboneras (Gicar-PP) para abrir el hotel de El Algarrobico.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo dictó una providencia que declaraba que el establecimiento queda afectado por la Ley de Costas, que prohíbe construir a 100 metros de la costa. Hace tan solo unos días, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, aseguraba que el hotel de El Algarrobico se derribará “cuando sea legalmente posible”, es decir, cuando esté lista la “profunda reforma” legislativa que prepara el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete.

A pesar de todo ello, los 14 primeros ediles del levante almeriense se niegan a acatar el dictamen del Supremo. Javier Aureliano García, secretario general del PP en Almería, ha declarado que “hay que buscar las formas necesarias para que se convierta en un hotel legal y abrir las puertas”, según El Confidencial. Los políticos de los municipios de la zona dicen que la construcción de 21 plantas, de las que la promotora Azata del Sol solo ha terminado 14, es de una “legalidad incuestionable” y “no provoca contaminación paisajística antigua”.

Cristóbal García, alcalde de Arboleas (PA), ha ido más allá afirmando que “si por mi fuera, prohibiría la construcción horizontal en costa, pero levantaría un Algarrobico cada 500 metros”. Uno de los argumentos que se esgrimen a favor de mantener y abrir este hotel, que muchos consideran el icono de la destrucción de la costa mediterránea, es que podría crear “más de 300 puestos de trabajo”.

Desde la asociación Salvemos Mojácar, su portavoz Jaime del Val ha manifestado que la decisión de los políticos municipales es una “gran estafa” y ha recordado que “hay 13 sentencias en contra”. A su entender, “no podrán hacer nada, no hay viabilidad posible para construir, es una barbaridad ilegal”. No obstante, la dilación del proceso judicial, a la espera de una sentencia firme, es temida por los defensores del espacio natural del Cabo de Gata, que desconfían de las intenciones de la Junta de Andalucía.