El Gobierno canario llevará una propuesta de ley al Parlamento para hacer frente a las sentencias que le obligan a tramitar decenas de proyectos turísticos bloqueados por la moratoria turística. Y es que el Ejecutivo busca una fórmula para evitar las indemnizaciones a las que se enfrenta después de que el Tribunal Supremo fallara a finales de octubre en cinco sentencias a favor del Grupo Lopesan.
Las primeras cinco sentencias del Supremo eleva a 104 millones de euros las indemnizaciones a las que tendrían derecho las empresas recurrentes –en este caso Hijos de Francisco López Sánchez SA, Dehesa de Jandía SA y Maspalomas Golf SA, del grupo Lopesa- mientras la suma de todas las reclamaciones pendientes eleva esta cantidad hasta los 650 millones de euros.
Según La Opinión de Tenerife, hay otros 45 recursos en espera de sentencia y la previsión es que la decisión de los magistrados sea la misma: el Ejecutivo debe dar trámite a las reclamaciones y resolver si les corresponde las compensaciones por el bloqueo de proyectos que tenían en perspectiva. Las sentencias del TS son firmes, por ello, el Gobierno canario se ve obligado a buscar una solución urgente, de acuerdo con los empresarios.
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