En lo que va de año, solo seis viviendas de uso turístico vacacional irregular han sido sancionadas por el Gobierno de las Islas Canarias. Dos estaban en Gran Canaria y cuatro en Fuerteventura. Años atrás, publica El Día, las multas afectaron a unas 7.500 viviendas, según los propietarios afectados.
Los hoteleros apuntan a que el desplome en la actividad sancionadora se debe a la incertidumbre legal en la que ha quedado el alquiler vacacional en las Islas, pues el Ejecutivo aún no ha modificado el decreto vigente. Empresarios del sector del alojamiento opinan que hay “cierta manga ancha” para dar tiempo a esta oferta a regularizarse.
No obstante, de los 28.000 casas y pisos turísticos que se estima que hay en el archipiélago, solo 1.800 se han legalizado y hay apenas 5.000 solicitudes pendientes. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, reconoce que se ha “limitado” el nivel de castigo a los infractores.
Por otro lado, la responsable de Ascav ha subrayado que los propietarios de las viviendas que se destinan al alquiler para turistas quieren “pagar impuestos” y que el 85% de esta oferta está en manos de empresas gestoras profesionales.
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