España sigue sin tener una normativa que regule el alquiler de apartamentos turísticos, y se sitúa como el último país de Europa en controlar esta actividad. La situación que se vive en el país es muy diferente a la otras ciudades como Londres, donde el anfitrión puede alquilar su vivienda por un máximo de 90 días al año, o París, en la que se aplica un recargo de 0,83 euros por persona y noche, según recoge La Vanguardia.
Se podría decir que la comunidad española más avanzada en relación a la regulación de esta actividad es Cataluña, una ciudad que el alquiler turístico generó un impacto económico de 740 millones de euros en 2015. Además, durante este año, el ayuntamiento de Barcelona se vio obligado a abrir un expediente sancionador a las empresas que “publicitaban viviendas sin el número de Registro de Turismo de Cataluña y por no responder a los requerimientos de la administración” (Barcelona multa a Airbnb y Homeway con 120.000 euros).
Por su parte, desde Airbnb consideran que sus usuarios “nos son profesionales del turismo y por tanto no deberían contar con una carga administrativa o regulatoria igual a la que tiene profesionales”, una opinión que no comparten actores del Sector como la Confederación Española de Hoteles (Cehat), puesto que consideran que esta actividad es un “negocio con la vivienda privada que busca un lucro económico”.
En los últimos años, Airbnb ha experimentado un rápido crecimiento. Más de 80 millones de personas en todo el mundo utilizan la plataforma para encontrar alojamiento. Pero del 73 por ciento de los viajeros que buscan alojamiento por Internet solo hace la reserva online el 24 por ciento.
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