Gibraltar proyecta un complejo turístico de 2.500 habitaciones fuera de territorio británico

Gibraltar, según revelan varios medios, proyecta un complejo turístico, bajo el nombre de Cabo Privilegiado, que contaría con un hotel y 2.500 apartamentos además de un puerdo deportivo con 500 amarres, que se adentraría en territorio marítimo que no es dominio de la colonia británica.

"Gibraltar vende a más de 4.000 euros el metro cuadrado de España. La publicidad de las 2.500 viviendas de lujo, para las que Picardo gana terreno al mar, presume de que el 10% de la superficie del Peñón es 'nueva costa'. Viviendas de lujo a 350.000 euros, el nuevo proyecto estrella de Picardo. Así es el paraíso turístico que planea: Se construirán más de 2.500 apartamentos de lujo en edificios de diseño que ocuparán una superficie total aproximada de 300.000 metros cuadrados", señala el diario La Razón.

"Se destinará una parcela de alrededor de 60.000 metros cuadrados a la construcción de todo tipo de establecimientos comerciales, restaurantes, casinos y a un lujoso hotel que albergará 300 habitaciones. Se instalarán nuevos puestos de atraque para embarcaciones de recreo en 15 muelles que se edificarán en las inmediaciones de la bahía. Las obras de un gran espigón que se adentrará hasta 50 metros en aguas españolas y que protegerá el complejo turístico de Cape Vantgage de los temporales llevan en marcha desde el el mes de junio, yal y como ha confirmado la Guardia Civil de Algeciras", agrega el citado medio.

Así, España protestó este viernes ante Reino Unido por los intentos de expansión de Gibraltar, su colonia en el sur de la Península Ibérica, que en los últimos días está en el centro de una disputa entre Madrid y Londres que ha ido ganando tensión. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó una nota verbal de protesta ante el de David Cameron por la construcción de un espigón en la cala Este del Peñón.

Fuentes del Ministerio de Exteriores recordaron que no es la primera vez que España protesta por ello. El Gobierno de Rajoy considera “inadmisibles” esas operaciones para ganar terreno al mar, esgrimiendo el derecho internacional y el Tratado de Utrecht, e instó al Ejecutivo británico a ponerles freno.