La vivienda vacacional canaria acusa al Gobierno de ceder ante el lobby hotelero

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) considera que el Gobierno regional ha sucumbido a las “exigencias del lobby hotelero” a la hora de elaborar el Decreto que regula su actividad, ya que la redacción final del texto “nada tiene que ver con las intenciones iniciales”.

En una misiva dirigida a Paulino Rivero, ASCAV recuerda que en las diversas reuniones mantenidas entre las partes el Gobierno aseguró que se podrían legalizar las viviendas vacacionales en zonas turísticas, siempre que no se encuentren en suelo turístico sujetas al principio de unidad de explotación. En la misma línea se pronunciaron PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y UPyD.

Pero el texto final incluye una “aclaración” por la que se excluyen los suelos y urbanizaciones mixtas turísticas residenciales, lo que deja aproximadamente el 90 por ciento de las viviendas fuera de la posibilidad de regularizarse como vivienda vacacional, lo que, a juicio de la asociación, tendrá “consecuencias graves no sólo para los propietarios de las viviendas vacacionales y los intermediarios/explotadores, sino también para el conjunto de la economía”.

ASCAV afirma que esta situación se traducirá en “la pérdida de muchos puestos de trabajo, pobreza y más desigualdad en pro de los hoteleros, que ni siquiera comparten el mismo perfil de clientes y que en comparación, no crean riqueza para el pequeño y mediano empresario de la zona”. “También queda cancelar inmediatamente no sólo las reservas, sino todos los contratos de estas viviendas con touroperadores”, agregan.

En todo caso, la presidenta de la asociación canaria, Doris Borrego, termina su misiva  indicando “quiero creer que los términos de la normativa han sido causa de una mala interpretación o redacción, y que deben ser subsanados con la mayor brevedad posible