Los colectivos empresariales vinculados a establecimientos de playa y chiringuitos de las provincias de Cádiz y Málaga han unido fuerzas bajo las siglas de Fechipla –Federación de Chiringuitos, Playas y Terrazas de Andalucía-, para reivindicar una solución definitiva a la tramitación de concesiones administrativas.
En concreto, y según ha declarado Miguel Arrabal –presidente de la recién creada entidad- a preferente.com, el 40 por ciento de los empresarios carecen de algún tipo de concesión o título administrativo, por lo que están “absolutamente desamparados”. Tal y como asegura Arrabal, los propietarios esperan una solución desde el momento que la Junta de Andalucía asumió las competencias sobre estas explotaciones, a principios de 2011. No obstante, y según ha declarado Arrabal “no se ha solucionado nada ni se han confirmado concesiones”, habiendo además un 20 por ciento que las tienen caducadas y están a la espera de la renovación.
Así, la mayoría de estos establecimientos trabajan con autorizaciones de 20 metros cuadrados, lo que impide a sus responsables invertir en la mejora y ampliación de instalaciones, propiciando situaciones que Arrabal califica de “tercermundistas” y merman la calidad del servicio prestado. Por ello, desde Fechipla exigen que se agilice la tramitación de concesiones y que éstas alcancen los 30 años, plazo suficiente para permitir a los empresarios plantearse la inversión y mejora de los mismos, especialmente de cara a habilitarlos para su funcionamiento durante todo el año, un punto especialmente sensible en un destino que lucha por romper la temida estacionalidad.
“Parece mentira que en los tiempos que corren no se solucione algo que crearía puestos de trabajo”, ha recalcado Arrabal, quien espera además que en breve se incorporen a la entidad las provincias de Granada y Huelva.
Cabe recordar que las 1.200 explotaciones turísticas de playas, entre chiringuitos, hamacas y terrazas que existen en toda la costa andaluza proporcionan 20.000 puestos de trabajo y que generan al año una facturación superior a seis millones de euros.
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