Los impuestos y tasas al turismo avanzan, a pesar de las críticas

La entrada en vigor en este verano del impuesto turístico en Berlín, la capital alemana, reabre el debate siempre latente sobre la fiscalidad sobre el movimiento de viajeros, asunto que para España es especialmente delicado y conflictivo por la relevancia del turismo en el país. En sus variadas versiones (sobre el viaje en avión o sobre la pernoctación hotelera; en un ámbito nacional, regional o de ciudad), la implantación del impuesto turístico avanza. Los argumentos, tanto a favor como en contra, se mantienen, pero paulatinamente la necesidad de dinero de las administraciones así como el abaratamiento de los viajes, dejan más huecos a la extensión de un impuesto que aún suscita gran hostilidad.

Tipos de fiscalidad

El asunto tiene diversas aristas y enfoques que conviene delimitar. Estamos hablando de tres tipos de fiscalidad sobre el turismo, las cuales suelen confundirse y mezclarse. Primero, hablamos de los impuestos que todos los turistas pagan por el simple hecho de consumir en un determinado país. Por ejemplo, cualquier viajero paga IVA en el país al que se ha dirigido y, como es evidente, ese impuesto beneficia a la Hacienda del país en cuestión. Lo mismo ocurre con el consumo de combustible o muchas otras tasas como las aeronáuticas y que supuestamente se corresponden con los costes de los servicios de control aéreo y de uso de los aeropuertos.

En ese sentido, España tiene un debate en vigor porque el Gobierno ha aumentado el IVA a actividades relacionadas con el turismo, cuando había anunciado exactamente lo contrario. Este tipo de fiscalidad, real y que supone grandes ingresos para el fisco, es universal y, obviamente, la aplican todos los países sin excepciones. No se debe olvidar, porque muchos aducen que los turistas ya pagan impuestos, en referencia a estos gravámenes que financian al fisco.

En segundo lugar, se puede también hablar de una tasa al viajero aéreo, que no es exactamente un impuesto turístico pero que funciona como tal en muchos países. Este tipo de tasa se puede abonar de dos maneras: en muchos países de América, por ejemplo, es frecuente tener que abonarla en el mismo aeropuerto, en el momento de partir; en otros casos, como en varios países europeos, se incluye en el billete aéreo y se regula en función de la duración del viaje (curiosamente, esto ha provocado el despegue de Dublín como hub aéreo, dado que muchos viajeros británicos que hubieran debido de hacer conexión en Londres, compran un billete a esa ciudad, con una tasa muy baja, y desde allí vuelan a Estados Unidos sin impuestos). Hay que recordar, en favor de este impuesto, que en contrapartida la aviación paga el combustible sin gravámenes, de forma que pese al encarecimiento, el precio de las naftas que emplean no tiene comparación, por lo baratas, con los combustibles de la automoción. En general, este impuesto no afecta sólo a los extranjeros, sino también penaliza la salida de viajeros del país, lo cual compensa en parte el enfado del empresariado del alojamiento turístico.

Y, finalmente, lo que es propiamente un impuesto turístico es gravar la noche de alojamiento en el país o, más frecuentemente, en la ciudad o región. Muy pocos países tienen este impuesto en todo su territorio, pero sí hay muchas ciudades que lo hacen. Está en Venecia, Florencia, Roma o Milán; ahora entra en vigor en Berlín, y por supuesto está en vigor en toda Cataluña, como ya es conocido. En Roma, por citar un ejemplo, se pagan 2 euros por noche sólo por las diez primeras noches. Aunque tenemos tres fiscalidades que afectan al turismo, sólo las dos últimas se consideran impuesto turístico. Y presentan matices diferentes.

En primer lugar, es importante diferenciar el impuesto a la pernoctación, que recauda el hotel, y que afecta fundamentalmente al viajero de fuera de la ciudad o región, de la tasa aeroportuaria, que casi siempre también se aplica al ciudadano local (es lo que hace Australia, por ejemplo) y desincentiva viajar fuera de la región. Obviamente, algunas regiones como Canarias o Baleares podrían tener preferencia por un impuesto a cobrar en el aeropuerto, aunque seguro que por razones electorales discriminarían positivamente a sus votantes (o ciudadanos).

En cambio, Cataluña o Andalucía tenderán a gravar la noche de alojamiento, porque sería muy sencillo evitar el impuesto volando desde o hacia aeropuertos de fuera de la región. Francia conoce desde hace 30 años la taxe de sejour, que no ha levantado ninguna resistencia. Suiza y Austria también aplican un impuesto similar, sin problemas.

Los contrarios al impuesto

El argumento más sólido que tienen los contrarios al impuesto es que este, por su propia definición, mientras no se aplique en todos los destinos turísticos, tiene efectos penalizadores del viaje al lugar gravado. Obviamente, en condiciones iguales, una región sin impuesto tiene tendencia a tener más viajeros que una región sin ellos (los estudios de Australia, por ejemplo, lo demuestran, afirmando que un cambio al alza del 10 por ciento en el precio de la tasa aérea se refleja en una caída del 6.3 por ciento en el número de viajeros).

Pero los críticos afirman que lo grave no es que baje el número de turistas, sino que como consecuencia de ello caen los ingresos derivados de la fiscalidad que el turista hubiera pagado de todas formas, y también aquella inducida al incentivar el funcionamiento de la economía.

La segunda gran razón que aducen los contrarios a los impuestos es que salvo en algunos productos muy concretos, la oferta turística internacional es muy abundante y al viajero no le cuesta nada reencauzar su viaje a otro destino. Es lo que ocurre con el sol y playa. Los responsables de comercializar los productos de estas zonas dicen que ellos se ven obligados a recortar sus precios, para poder competir, por lo que al final que lo que gana el fisco lo pierde el sector y, finalmente, también afecta al fisco que grava estos beneficios empresariales. En esta misma línea de razonamiento, los críticos de la tasa cuestionan que no es lo mismo poner la tasa en Venecia, por ejemplo, que es un producto sin competencia, que en un destino de sol y playa, de los que hay oferta en cantidad.

Los favorables al impuesto

La tasa al viajero tiene también sus defensores, quienes aducen que el turismo tiene un impacto sobre el medio ambiente y que eso se tiene que pagar. Este fue el argumento que tuvo Baleares en su proyecto finalmente abortado. Es lo que sostienen las ciudades italianas, cuyos municipios la aplican. Y es lo que sirve de fundamento a un país como Maldivas, para aplicar nada menos que una tasa de 10 euros por noche y persona. Maldivas es un país de poco más de un cuarto millón de habitantes, de cuyas poco más de 1.100 islas, 89 se han dedicado a que alberguen hoteles exclusivos. En ellos se aplica este impuesto, que es uno de los más importantes ingresos del fisco del país, toda vez que dada la propia naturaleza de la estructura turística, el gasto raramente desborda al hotel. Para entender la especificidad de este país, este impuesto equivale al 60 por ciento de todos los ingresos del fisco.

Es muy popular afirmar que el impuesto turístico lo que hace es que los propios viajeros paguen por los gastos que generan evitando así que tengan que ser los ciudadanos residentes quienes tengan que hacerlo. Sin embargo, el argumento de fondo de este impuesto nunca es explícito: la necesidad de financiar unas administraciones públicas ávidas de ingresos. Se suele decir que el destino de ese dinero es el medio ambiente, pero rara vez se aplica de forma vinculante; se aduce en ocasiones que se destinará a la promoción del turismo, pero tampoco se asegura este lazo. Y en otros países, como en algunos estados de México, se indica que se dedicará ese dinero a la educación, que siempre queda bien.

Pero, lo más contundente que los defensores pueden decir de este impuesto es que no se conoce ningún caso en el que los turistas hayan dejado de viajar. Efectivamente, ¿quién para evitar el pago de la tasa, va a dejar de ir a Venecia y conformarse con la vecina Pádova? ¿Quién va a ir a ver la iglesia de los Desamparados de Valencia, porque ir a ver la Sagrada Familia de Barcelona supone hacer frente a un impuesto? Y, que se sepa, tampoco los ‘hooligans’ que se emborrachan en Lloret han preferido viajar un poco más para no pagar impuestos, pese a que ya hace un año está en vigor esta tasa en Cataluña.

Sin embargo, es contradictorio que se defienda al turismo y a la vez se le aplique un impuesto que en teoría conduce a la desincentivación. Que un viajero tenga que pagar por viajar provoca una reacción de incomodidad, como si se estuviera propiciando el cierre de fronteras y la paralización del movimiento de personas. Como hubiéramos de pagar por movernos. Pero, la hostilidad, fundamentalmente de los empresarios, contra este impuesto se basa en que entienden que aquí se trata sobre todo de buscar recursos urgentes para unas administraciones que son más bien ineficientes en su gestión. Por eso, recuerdan la situación mexicana, como ejemplo de lo que puede terminar siendo este tipo de fiscalidad: se empezó con el Derecho Único de Aeropuerto (12 dólares viajes nacionales, 22 en internacionales), se continuó por la tasa de alojamiento (que hoy es del 2 por ciento del precio de las habitaciones), después vino el Derecho del No Inmigrante que es un impuesto cobrado a todo viajero no residente en México para financiar la promoción turística del país; tras ello vino el Impuesto a la Navegación (1.4 dólares por kilómetro recorrido por todo avión en el espacio aéreo del país); más el Impuesto de Carreteras, de 1.48 pesos por kilómetro recorrido. Y en 2008 se aprobó por los diputados un impuesto sobre los cruceros (5 dólares a todo viajero que pase por México), que aún no se ha aplicado porque las navieras cancelaron masivamente sus viajes al país y se ha decidido esperar un poco. Es decir: abrimos la puerta a regular y gravar una actividad que tiene un coste y terminamos por generar una espiral imparable.

España, a la italiana

El impuesto, en sus diversas formas, y más en años de escasez de recursos, avanza. Pero en España, a diferencia de Francia o Gran Bretaña, son las autonomías las que buscan sus fórmulas, sin que haya una regulación global. Así, pues, España corre el riesgo de entrar en una dinámica de diecisiete variantes de impuestos, con las típicas confusiones en las áreas fronterizas, con tratamientos dispares, diversos y que pueden convertir la gestión de una cadena hotelera en un laberinto de normativo diferente