Tripulantes del Fortuna acusan a Patrimonio de “cesión ilegal”

El yate Fortuna que antaño usó la Familia Real española vive sus días en la base naval de Portopí, en Palma, ajeno al temporal judicial que ha abierto la que fue su tripulación. Los diez trabajadores, que estaban formalmente contratados por la adjudicataria Unión Naval Valencia S.A., han sido despedidos mediante un Expediente de Regulación de Empleo y aún no han cobrado indemnización alguna, según Última Hora.

Tras ello, este mes de agosto los representantes de los tripulantes han demandado a Patrimonio Nacional en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por el despido colectivo y porque consideran que ha habido “cesión ilegal” de empleados del organismo estatal a la concesionaria del servicio.

Aseguran que Unión Naval Valencia “los ha dado de alta a la Seguridad Social para después cederlos a Patrimonio Nacional” y manifiestan que “la extinción de los contratos de estos trabajadores es fraudulenta y la confirmación judicial del mismo vulneraría todos sus derechos”.

Los tripulantes argumentan que “siempre prestaron servicios directamente para Patrimonio Nacional” y “dependían funcionalmente de la Casa Real con una relación laboral de dependencia y ajenidad y dependencia retributiva de Patrimonio”. En adición a ello, subrayan que Unión Naval Valencia S.A. dijo que el Estado indemnizaría a los empleados en caso de despido objetivo por desvinculación.

Los abogados de la tripulación han pedido la comparecencia judicial del presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri, y de la gerente, Alicia Pastor. Tras anunciar la Casa Real que renunciaba al uso del Fortuna, el Gobierno ha autorizado a Patrimonio a devolver el barco a sus donantes, los integrantes de la Fundación Cultura y Turismo (Fundatur), que están hablando con brokers para vender el yate. Éste deberá cambiar de nombre y su valor rondará los 9 millones de euros, la mitad de lo que costó.