Playa de Palma: parálisis política y retracción privada

La revista Preferente ha publicado en su edición de noviembre un completo informe sobre la situación en la que se encuentran los principales destinos turísticos maduros españoles: Playa de Palma, Gran Canaria, Puerto de la Cruz, Costa del Sol occidental y Lloret de Mar. A continuación iniciamos la publicación por partes de este informe, comenzando por el ‘diamante de los ‘70’, Playa de Palma.

Entre los municipios de Palma y Llucmajor, en Mallorca, se extiende la Playa de Palma. Tiene 4.600 metros de largo en su frente marítimo y abarca los núcleos de Can Pastilla, Sometimes, Las Maravillas, Ses Cadenes, S’Arenal, Son Verí Nou, Cala Blava y Bellavista. Dicen que fue “el diamante del turismo en los años ‘70” y, como otros destinos, se arroga el título de cuna del turismo local y nacional.

Pero la joya, con el tiempo, ha perdido lustre. Ahora tiene más de 120 hoteles y unas 40.000 camas, muchas de las cuales no superan la categoría media. Su actividad se concentra entre mayo y octubre y vive prácticamente del turismo familiar, aunque hace esfuerzos por atraer al cliente de negocios y al deportista náutico o ciclista. Tanto la oferta alojativa como la complementaria se han degradado considerablemente en las últimas décadas, a la par que su parque de viviendas e infraestructuras públicas.

En 2005, como proyecto pionero, se creó el Consorcio Urbanístico para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma, en el que están representados el Gobierno Central, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y los Ayuntamientos de Palma y Llucmajor. Hasta tiene una Comisionada de Madrid.

A pesar de ello, el PRI (Plan de Reforma Integral) está paralizado y pendiente de otro cambio. Carlos Delgado, consejero balear de Turismo, y Álvaro Gijón, teniente de alcalde y concejal de Turismo de Palma, como presidente y gerente del Consorcio, respectivamente, señalan que su “prioridad” es aprobar este documento urbanístico hacia finales de 2012. La particularidad de su plan para Playa de Palma es que no sólo se va a actuar sobre la planta hotelera, con una reducción del orden de las 8.000 plazas, sino que se van a rehabilitar edificios de viviendas, zonas verdes e infraestructuras y se va a impulsar la remodelación del pequeño comercio de la zona.

La inversión necesaria ronda los 300 millones de euros hasta 2015. 20 millones procederán de impuestos municipales. Pero administración y hoteleros no se ponen de acuerdo en quién debe pagar la mayor parte. Delgado y Gijón trabajan “con la idea de que el 35% lo aporte el sector público y el 65% el privado”. En cambio, Inmaculada de Benito, gerente de la Federación Hotelera de Mallorca, opina que “la administración tiene la responsabilidad en el espacio público, que es muy grande y, por tanto, como mínimo un 60% debe ser inversión pública”.

De Benito lamenta que el calendario de actuaciones sea aún incierto. “Es un tema que nos preocupa mucho porque la reforma ahora mismo ya es urgente”, señala. Como armas legales, la Playa de Palma cuenta con una ley específica, la 8/2010 de “medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma”, además de la ley 4/2010 que permite declarar proyectos de interés autonómico y agilizar su tramitación.

Los vaivenes políticos y la retracción de los inversores privados, a cuenta de la indefinición y los cambios a los que se ha sometido al proyecto, han marcado la historia del Consorcio hasta el momento. En Playa de Palma, muchos miran ahora al nuevo Gobierno de España para que llegue el impulso necesitado. 

--Carlos Delgado: “La inversión privada puede aportar unos 300 millones al proyecto de Playa de Palma”

--Inmaculada de Benito, gerente de la Federación Hotelera de Mallorca: “La reforma de la Playa de Palma ahora mismo ya es urgente”