El papel del Gobierno en Air Europa

Es verdad que muchos gobiernos europeos han aportado dinero a sus aerolíneas. O, al menos, en las más importantes. En ese sentido, lo que ha acordado el gobierno de Pedro Sánchez no es novedoso. Sin embargo, hay un punto completamente sorprendente y que ha provocado pánico entre las compañías que se encuentran en situación financiera delicada a causa del Covid y que contemplaban como última salida acogerse a las ayudas públicas: el nivel de la intervención del Estado que acompaña estas ayudas. Se ha visto en Air Europa.

En Europa tenemos hoy cinco ejemplos de cómo actuar ante esta crisis:

Primero, Alemania. El Gobierno pidió una silla en el Consejo de Administración de Lufthansa, pero se comprometió a no participar en ninguna decisión de la compañía. Sólo quiere estar presente para garantizar el mejor futuro para el dinero que ha puesto, que se ha convertido en capital de la compañía, vendible en los mercados cuando lleguen tiempos mejores.

Segundo, Francia. El país galo aportó recursos a Air France e impuso una única condición: que la aerolínea, por razones ambientales, abandone las rutas en las que compite con el Ave. Por lo demás, Air France sigue siendo una compañía sin intervención pública alguna.

Tercero, Noruega. En este país, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para hacer una aportación a Norwegian, pero le exigieron que sus accionistas hicieran lo propio y recapitalizaran la empresa. Al final la operación llegó a buen puerto, pero el gobierno noruego no tiene voz en la compañía. Ni parece quererla.

Cuarto, Gran Bretaña. Mucho más ortodoxo que los demás, Londres por supuesto no interviene, pero sobre todo apenas ha puesto dinero. Eso sí, está haciéndose cargo del 80 por ciento de los salarios de los empleados de las aerolíneas y aeropuertos.

Y quinto, Italia. Aquí, el Estado, que desde hace años es el propietario de Alitalia a través de una maraña de trucos y engaños para no aparecer como tal, ahora da la cara y definitivamente se puede y debe afirmar que el Gobierno manda en la compañía. Se va a nombrar un gerente sobre el cual dice el Estado, su único accionista, que no va a ejercer presiones. Nadie le cree, naturalmente.

O sea que en la casi totalidad de los casos, el Estado aporta recursos y, en el mejor de los casos, vigila que su dinero, que es el de los ciudadanos, se gaste adecuadamente. Pero no quiere ni pensar en participar en la toma de decisiones. Hasta el propio Estado parece temer la dinámica que se desencadena cuando se entromete en lo que no sabe.

España, nuevamente, es diferente. En España el Gobierno quiere voz y voto en Air Europa. Quiere decidir sobre quién manda. Y quiere decidir sobre las fusiones. O sea, se quiere meter de verdad. Quiere gestionar una aerolínea privada como si fuera pública.

Y esto ha provocado el pánico de otras compañías en situación crítica porque piensan que la capacidad, el estilo, el enfoque, las políticas que pueden surgir de estas intervenciones probablemente no sean las más sensatas económicamente. Da la impresión de que el fantasma del INI franquista vuelve a aparecer. De hecho, la Sepi es su heredera natural.