Las pequeñas agencias, aplastadas

Trino Martínez, de la asociación de agencias de viajes de Jaén, escribió un artículo en Preferente que debería suponer un llamamiento a la sensatez, una advertencia de hasta dónde estamos yendo con el abuso del Gobierno sobre sus ciudadanos (Un muro innecesario para el sufrido sector de agencias de viajes).

Martínez explica que el Ejecutivo obliga ahora a las agencias de viajes, los últimos para casi todo, a hacer de policías y comunicarle todos los datos de los clientes.

Para los altos funcionarios del Gobierno, de este o de anteriores, las cosas son muy sencillas: toman decisiones, se publican en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de ese momento, los afectados que litiguen. Es lo que estos funcionarios hacen cada día: lanzarnos sus desafíos y que nos quejemos.

¿Recuerdan el espectacular abuso del ministro Montoro, cuando obligaba a los contribuyentes a informar de su patrimonio fuera de España, con unas sanciones tan descomunales en caso de error, que hasta la Unión Europea tuvo que intervenir? ¿Sabe alguien que Hacienda ahora ha traspasado la responsabilidad de las comunicaciones al receptor de los mensajes, cartas, notificaciones o sanciones en los contribuyentes? Antes, Hacienda tenía que notificarnos; ahora somos los contribuyentes quienes tenemos que acceder sí o sí a las notificaciones.

Durante el Covid, fue tremendamente frecuente que nos impusieran obligaciones absurdas, ridículas, que debíamos cumplir aunque carecieran de sentido, incluso sin el menor amparo jurídico para hacerlo. Tal vez sea porque han aprendido, la cuestión es que el clamor de Trino Martínez es absolutamente justo: ¿por qué un pequeño empresario de barrio, que tiene una modesta agencia de viajes llena de problemas para sobrevivir, para ganar dinero, ha de asumir la responsabilidad de prestarle gratuitamente un servicio al estado, omnipotente cuando le conviene?