Servicios públicos en una potencia turística

España presume, con bastante razón, de ser una potencia turística. No en vano estamos entre los líderes europeos y mundiales. Sin embargo, ese país, líder en turismo, se permite el lujo de subcontratar la concesión de los visados a una empresa india cuyo servicio es muy criticado por el propio servicio público español.

Este servicio, dicen, no nos cuesta nada, porque la empresa india se financia con las tasas que se cobran a quienes piden los visados. Como si esas tasas, en caso contrario, no fueran a ir a parar al Estado español. O sea, lo que el servicio público no es capaz de dar, por su estructura totalmente anticuada, se lo ofrecemos a una empresa ajena, a cambio de la recaudación.

Esto a mí me merece varias reflexiones:

¿Es de recibo que sea una empresa india –o de cualquier otra nacionalidad que no sea la nuestra– la que otorgue los visados?

Supongo que las autoridades comprueban cada visado, ¿pero disponemos de mecanismos que garanticen que, efectivamente, ese contraste de datos se realiza con total rigor? ¿Cómo se paga este chequeo, si el dinero que pagan los peticionarios de visas va al concesionario?

¿Es adecuado que el servicio consular público español, que es el titular de esta función, critique a la empresa adjudicataria, diciendo que no ofrece un servicio de la calidad mínima?

Francamente, incluso en la mejor de las hipótesis, no me parece un asunto ejemplar.