Corrección a una ley que no tenía defensa

Finalmente, la Ley de Costas del primer gobierno socialista ha quedado reducida en su alcance y pretensiones. La cuestión es muy seria porque ha causado un daño espectacular a la imagen internacional de España, mucho más allá de cualquier otra consideración. Ningún extranjero entiende que una casa comprada en la más absoluta legalidad pueda pasar a ser de titularidad pública, a cambio de una 'concesión administrativa' para continuar durante unos años. El asunto fue llevado al Parlamento Europeo, donde las críticas a los procedimientos españoles fueron demoledoras.

La Ley, por supuesto, parte de una intención sana (y electoralmente rentable): impedir que se edifique en las costas, encima del agua. Y, al mismo tiempo, ilegalizaba lo que, da igual en qué situación se edificó, quedaba fuera de las nuevas mediciones de la correspondiente Demarcación de Costas. Y ahí vino el problema. Por un lado porque en este país de picaresca, muchos continuaron edificando sobre el mar, con diversos trucos adaptados a las nuevas normas y, por otro, porque algunos de los propietarios que habían comprado su casa dentro de la legalidad, se encontraban de pronto sumidos en un marasmo legal para seguir ocupando su casa.

¿Es la nueva ley del PP la solución?

Tampoco lo es del todo. Por los mismos motivos: dar un mensaje de que se va a relajar la ley es exactamente lo que no toca en este país, mientras que seguramente entre las 'amnistías' que se aplicarán debe de haber muchos casos inaceptables, intolerables. Pero esto es lo que ocurre cuando se legisla a distancia, sin adaptar las normas a las realidad concretas.