La legislación, a remolque de la red

La velocidad con la que avanza el mundo de Internet es tal que las autoridades quedan absolutamente desbordadas por la realidad apabullante de la red. Cuando la administración se da cuenta de que tiene que actuar, el mercado ya se ha desplazado hacia otro modelo, dejando en ridículo a nuestros gestores, que se mueven a velocidad análogica en un mundo digital.

Ahora, la Comisión Europea se acuerda de legislar para que los consumidores que compran un viaje personalizado vía Internet, cuenten con amparo legal. Según los datos de la Comisión, ya un 23 por ciento de los ciudadanos hacen este tipo de operaciones, conformando su 'paquete' sobre la marcha, a partir de un menú de opciones de uno o varios proveedores diferentes. Otro porcentaje idéntico, según estos datos, compra paquetes vacacionales convencionales a través de Internet, pero estos están protegidos y cuentan con legislación.

El problema está en que desde que la Comisaria Europea, Viviane Reding, anuncia estas medidas, hasta que entren en vigor, pueden perfectamente pasar tres o cuatro años, lo cual en términos de Internet es, simplemente, una eternidad. Pero así funcionan estas dos realidades. La Comisión Europea tiene que hacer una propuesta de norma, acompañada de toda la documentación pertinente, la cual ha de ser presentada al Consejo Europeo para que la autorice y así pueda continuar. Una vez preparada, se remite al Parlamento Europeo, que la puede convertir en directiva, la cual no entra automáticamente en vigor sino que tiene que ser traspuesta a los países europeos, con lo que se tiene que volver a aprobar una ley en cada país de la Unión. O sea que para entonces las cosas habrán cambiado sustancialmente.

Mientras tanto, es decir hoy, nos encontramos con muchísimos viajeros que no saben que no están amparados por la normativa y que en un caso de cancelaciones de vuelos por el motivo que sea (como ocurre ahora mismo con los viajes a Egipto), deben asumir los costes de su bolsillo. En el caso de los viajes organizados convencionales, por el contrario, el mayorista tiene la obligación de devolver el dinero.

Tanta incertidumbre e inestabilidad en este entorno es precisamente lo peor para un área que está en una profunda crisis. No por comprensible, es menos criticable la lentitud del legislador.