El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la ordenación territorial de la Playa del Inglés, con la que se pretendía reordenar el crecimiento turístico en el sur de Gran Canaria. Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Canarias ha hecho lo mismo con el plan de Maspalomas, aunque en este caso la decisión no es firme.
Ciertamente, es muy difícil atraer inversores con inestabilidad legal. Pensemos que cualquier decisión que cueste dinero requiere de seguridad. Sin embargo, este no parece el caso, por varios motivos.
Primero, porque los jueces explican –específicamente en el auto sobre Playa del Inglés– que la norma es confusa y contradictoria. Y segundo, lo peor, según confirma ahora el Supremo, se han superado todos los plazos en la tramitación del expediente urbanístico.
En palabras que podamos entender los no iniciados: el Gobierno Canario consumió mucho más tiempo del que tiene legalmente permitido en hacer una norma confusa y contradictoria que, precisamente por estos mismos motivos, ha terminado por decaer y, por lo tanto, poner en riesgo todo el proyecto de regulación.
¿No habrá nadie que asuma responsabilidades políticas por tamaño estropicio?
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Soy canario,por lo que pueden imaginarse lo que me duele reconocer esto: esto es una república bananera, especialmente la parte más afectada por la calima.