Un conflicto que va a dar que hablar

Creo haber dicho en algún artículo anterior que el tema de las viviendas vacacionales alquiladas a turistas va a traer muchos dolores de cabeza. No es que uno sea un adivino, sino que las dos soluciones posibles tienen consecuencias indeseables y problemáticas, a saber.

Veamos: meterse a prohibir el alquiler de estas viviendas es simplemente ir contra los tiempos.

Hoy, Internet desborda, rebosa, abruma con su capacidad. Hay infinidad de mecanismos para comercializar, sin necesidad de acudir ni a los mayoristas habituales, ni a una oficina de ventas. Por lo tanto, actuar en este sentido no es fácil. Y, peor, ¿con qué autoridad el poder político le va a decir a un propietario qué es lo que tiene que hacer con su vivienda? ¿Sí nos permiten alquilar a un ciudadano español pero no a un extranjero? ¿Y qué autoridad, por ejemplo, asume las responsabilidades por la ineficacia judicial que deja al propietario sin los alquileres ante el pago de la renta? ¿Quién nos paga las hipotecas? ¿Qué clase de propiedad es esa que no nos permite decidir qué hacer?

En el segundo sentido, el de permitir alquilar, tampoco crean que las cosas pintan mejor. ¿Cómo un vecino puede convivir en una finca con vecinos que son turistas, que vienen de ocio y juerga, como corresponde a quien está de vacaciones? Y no digamos las presiones de los hoteleros y de otros colectivos afectados, que tienen razón en aducir que a ellos se les exige mucho (que no siempre cumplen) y a estos, los particulares, no se les pide nada.

Y, después, no menos importante, está Hacienda. ¿Hay alguien que crea que se paga un euro en impuestos por estos alquileres?