Economía sumergida

Hable usted con cualquier ciudadano y verá cómo a nada que rasque sale la polémica sobre si el sector público debe ser más o menos grande, sobre si vale lo que pagamos por él o no. Hable con la izquierda y le dirá que hay que preservarlo, que hay que ampliarlo, porque el sector público es el garante del bienestar. Hable con la derecha y verá el lío que tiene con un sector en el que se mueve con absoluta felicidad y una ideología que la hace ser reticente a él.

Y mientras este país se desgasta en estos debates de bar, a los que somos tan aficionados, nadie se ha puesto a trabajar con rigor en que la función de control y fiscalización que sí debe cumplir el poder público, como regulador, se aplique en el turismo.

Hoy, de pronto, cuando estamos en el medio de una crisis profunda, nos damos cuenta de que ni más ni menos que el 25 por ciento de toda la economía turística está fuera de nuestro alcance, de nuestro control, que está pero no colabora.

Ahora es demencial salir corriendo a buscar alojamientos ilegales, pero sí que es el momento de reconocer que necesitamos poder público, pero primariamente para cumplir su función de regulador, para imponer las reglas que permiten la vida comunitaria, para sancionar a quien no cumple su cuota parte en el reparto de las cargas. La ilegalidad que descubrimos significa que a estos caraduras los tenemos que financiar los demás.

Pero el verdadero culpable es el sector público que, con unos o con otros, ha estado demasiado tiempo sin hacer aquello que debe, que ha eludido una gestión rigurosa. Tal vez porque a los políticos también les iba bien tolerar el abuso, que siempre genera algún tipo de premio electoral. Ahora, pues, no nos podemos quejar y sí debemos sacar el talonario para pagar las facturas.