“Fomento llama al orden a Air Nostrum” por los constantes retrasos en los vuelos entre la Península (Almería y Málaga) y Melilla, según publicó este digital. El resto de la prensa, especializada o no, también se hizo eco de esta noticia que, por otro lado, coincide con una larga lista de informaciones que afectan a la aviación y a las autoridades españolas en el mismo sentido. Por ejemplo, en estos días, la prensa canaria y balear publican reiterados anuncios del Gobierno en los que dice que va a acabar con el desorden en los precios que las compañías aéreas aplican a los vuelos a estos destinos. Igualmente, este verano vimos cómo las autoridades decían que no iban a soportar los retrasos de unos o de otros, amenazando con toda una batería de medidas que nunca han llegado.
Sin embargo, en todo esto hay algo que un servidor no entiende: el significado de “llamar al orden”. En el lenguaje que habla la Administración pública y que viene regulado en las leyes, no existe el concepto “llamar al orden”. El procedimiento administrativo únicamente conoce el concepto de “expediente sancionador”. Una autoridad competente –porque está lleno de autoridades que hablan y hablan pero no pueden hacer nada simplemente porque no tienen las competencias legales para ello– debe mirar si las empresas privadas cumplen o no lo que establece la Ley.
Quien dice la Ley dice todo el ordenamiento jurídico, sea del rango que sea. Si cumplen, no ha lugar a la llamada al orden. Y si no lo cumplen, tampoco. Porque si una compañía aérea –en este caso Air Nostrum– no presta los servicios tal como debe –frecuencias, puntualidad, etcétera en sus vuelos a Melilla–, no cabe la llamada al orden sino la apertura de un expediente sancionador, porque los incumplimientos de la ley tienen una previsión sancionadora ante la cual el poder político no se puede inhibir.
¿Qué significa, pues, “llamar al orden”? Significa marear la perdiz, entretener, convivir con intereses particulares o cualquier otra dejación de funciones, pero nada más.
La empresa aérea con la que este tipo de prácticas son más frecuentes es Ryanair, aunque hay que destacar la vocación de Vueling de rivalizar en este campo. Como la irlandesa tiene una pésima imagen, nuestros políticos acuden raudos a amenazarla. Recuerdo cuando tres de sus aviones tuvieron problemas en Barajas, fueron desviados a Valencia, y declararon emergencia porque no tenían suficiente combustible, el gobierno –entonces del Partido Popular– dijo que enviaba a la agencia de seguridad a investigar. ¿En qué quedó todo? En nada. ¿Por qué? Porque aparentemente la aerolínea sí cumplía con las disposiciones legales en vigor. Pero nuestros políticos no podían perder una fantástica ocasión de lanzarse a hacer el indio a cambio de unos pocos votos.
O sea que, si ustedes ver un llamamiento al orden, no dejen de preguntarse ¿por qué no hay sanciones si se ha detectado una conducta ilegal? Y si no hay conducta ilegal, ¿por qué no se callan?
Autoridad aeronàutica, tienes nombre de ausencia.